Los promotores de Granada solicitarán a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigue el destino dado por la Junta a 6,8 millones de euros de fondos del Estado que, según afirman, iban dirigidos a empresas granadinas por la construcción de vivienda protegida, pero "no se han llegado a cobrar".
El sector censura que el Gobierno andaluz "no abone estas subvenciones", pese a que los inmuebles (vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra) están finalizados y habitados desde hace dos años.
Su reclamación, que prevé aglutinar a empresas de otras provincias andaluzas, parte de que el Ministerio les "garantiza que se ha abonado el dinero" y advierten de que se trata de "partidas finalistas recogidas en el Plan de Vivienda".
Desde la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada han explicado a Europa Press que esta solicitud surge ante la "desesperación" que atraviesa el sector por los impagos del Gobierno andaluz y temen que estas subvenciones, en caso de haber llegado a la Consejería de Hacienda, hayan sido "desviadas" a otros fines mediante el criterio de "caja única".
El secretario general de la ACP, Francisco Martínez-Cañavate, precisa que cuando los promotores obtuvieron la calificación provisional de estas viviendas protegidas, esto es, cuando la Junta confirmó que las promociones cumplían los requisitos para acogerse a esta figura, se les otorgó una cifra estimada de lo que recibirían de subvención de acuerdo a la normativa vigente.
"De esas cantidades se pidieron los anticipos, se empezó la obra, se terminó y el dinero nunca ha llegado", a pesar de que, en algunos casos, hace "dos años que las viviendas están habitadas", lamenta Martínez-Cañavate.
De hecho, la Asociación de Constructores y Promotores afirma haber expuesto esta problemática al Gobierno andaluz en reiteradas ocasiones, sin que se hayan aportado "soluciones" a estos expedientes y por ello el sector da por "agotada la vía administrativa", estando previsto que formalicen su solicitud ante la Fiscalía el próximo lunes 28 de octubre.
Desde la ACP aseguran que dar este paso "es algo muy desagradable" para el sector, pero actualmente están en "tal punto de desesperación" que no ven otra alternativa.