La Junta de Andalucía ha solicitado penas de entre cuatro y diez años de prisión para nueve acusados de defraudar casi 620.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con una empresa de fabricación de calzado en Montefrío (Granada) mediante el cobro de subvenciones para la contratación de trabajadores discapacitados.

   Concretamente, atribuye a los responsables de la empresa 'Diseño y Formación de Calzado Montefrío S.L.' o los que facilitaron el fraude, un total de cinco delitos: fraude de subvenciones, delito contra los trabajadores, estafa, falsedad en las cuentas anuales y falsedad en documento privado, en concepto de coautores.

   Para los administradores de la entidad, Antonio A.M, Sergio A.R.C., y Teresa P.S., solicita diez años de cárcel por los cuatro primeros delitos; para Vicente A.M., como presunto destinatario de parte de los fondos recibidos, cuatro años, por posible fraude de subvenciones; para José A.H.G. y José A.R.P., los dirigentes de la fábrica, y controladores de todo el entramado jurídico y contable de la empresa, ocho años de cárcel, por supuesto fraude de subvenciones, delito contra los trabajadores y falsedad en documento privado; y para Miguel A.V.G. y Martín C.J., que están acusados de participar en la simulación de negocios y el desvío de fondos de la empresa, seis años de prisión por fraude y falsedad en documento privado igualmente.

   Según señala la Administración andaluza en su escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, a través de la empresa, los imputados "falsearon de forma intencionada" las distintas "circunstancias concurrentes" para obtener subvenciones, y consiguió de esta forma recibir 617.495,95 euros, y solicitó otra nueva subvención de más de un millón de euros.

   Para lograr su finalidad, "simularon distintos negocios jurídicos y falsificaron documentos" con el objetivo de justificar el destino de las cantidades percibidas, y, de esta manera, poder enriquecerse "eludiendo" además los controles tributarios, y además "conculcaron los derechos" de los trabajadores de la entidad, a los que otorgaron "cheques y pagarés sin fondos".

   El asunto, en el que está personado también el Ayuntamiento de Montefrío como acusación --representado por el letrado Antonio Jiménez--, continúa aún siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Loja, puesto que la Fiscalía ha solicitado recientemente que se practiquen nuevas diligencias, concretamente una pericial contable para verificar si las cuentas de 'Diseño y Formación de Calzado Montefrío S.L' coinciden con sus actividades, con el objetivo de comprobar si "engrosó" las facturas para obtener subvenciones, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

LA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

   Según reveló la investigación realizada por la Guardia Civil, la empresa creada en Montefrío "mantuvo una mínima actividad laboral y comercial durante el año y medio que estuvo en funcionamiento", pero durante ese periodo contrató a 47 personas discapacitadas por las que recibieron subvenciones.

   De las nueve personas que ahora están acusadas y que fueron en su día detenidas, seis están directamente relacionadas con la entidad montada en Montefrío y las otras dos eran los administradores de otras dos empresas de Elche que supuestamente suministraron facturas que justificasen la actividad comercial de la empresa granadina. El último fue un gestor sevillano que presuntamente se encargaba de conseguir las subvenciones para la empresa a cambio de una comisión.

   Según las fuentes consultadas, el asunto fue denunciado en marzo de 2008 por cinco de los empleados de la empresa, pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Loja decidió archivar el caso al no apreciar indicios de delito.

   El abogado de los cinco empleados, que es el mismo que defiende los intereses del Ayuntamiento de Montefrío, recurrió el auto de archivo ante la Audiencia Provincial de Granada, que ordenó la reapertura de la investigación al Juzgado de Loja. Fue entonces cuando la Policía Judicial comenzó las pesquisas que llevaron a las detenciones de los posibles responsables y a retomar el caso, que se encuentra en fase de instrucción, y en el que, además del Ayuntamiento de Montefrío también se personó la Junta de Andalucía, como posible parte perjudicada.

    La investigación desveló que muchos de los trabajadores de la empresa investigada "no iban siquiera a trabajar y, sin embargo, recibían la mitad de su salario a cambio de que firmaran las nóminas", documentos en última instancia para justificar su actividad ante la Junta de Andalucía.

   Esta empresa llegó a solicitar al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía otra subvención de un millón de euros para la contratación de otras 80 personas, pero le fue denegada tras tener noticias de las denuncias de los trabajadores.

   La Guardia Civil también averiguó que dos empresas de Elche fueron creadas con el fin de extender facturas que justificaran compras y ventas ficticias de la empresa de Montefrío; es decir, "trataban de justificar una actividad comercial entre las empresas investigadas que en realidad no existía".