El alcalde de Íllora (Granada), el socialista Francisco Domene, ha defendido este viernes la legalidad de la operación para la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada por la que está imputado por prevaricación, por presuntamente "prescindir" de "todas las exigencias" de la Ley de Contratación Pública.
En el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el regidor se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a cuatro de los concejales de la corporación en 2008, concretamente, María Victoria Fuentes Pérez, María Ángeles Román Vega, Enrique Recio Gordo, y Antonia Blázquez Rodríguez, para los que, como con Domene, la Fiscalía ha mantenido su petición inicial de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, que la acusación particular eleva un año más, hasta los diez. Las defensas reclaman la libre absolución de los cinco procesados.
Francisco Domene, que era presidente de la empresa de capital público Parapanda Comunicación S.L., ha señalado que los asesores con los que contaba en el momento de la adjudicación, el 19 de febrero de 2008, no advirtieron de la posible ilegalidad del proceso, como tampoco lo hizo el secretario del Ayuntamiento, presente también en la reunión.
Así, ha explicado que, para encargar a una empresa la tarea de gestionar la comunicación de la comarca, se pusieron en contacto con las mercantiles que existían en la zona que pudieran ajustarse al perfil que estaban buscando.
Así, se iniciaron contactos con un total de tres, pero sólo una de ellas, Silvania Producciones S.L. fue la que presentó un proyecto "en tiempo y forma", por lo que fue la única propuesta que se llevó y aprobó por el consejo de administración de Parapanda. El alcalde considera que sí se cumplieron por ello los principios de publicidad y concurrencia, y que no se incumplió la ley de contratación pública porque la entidad que contrataba no era el Ayuntamiento, sino la empresa Parapanda.
"Según mis asesores no era necesario que se aprobara pliego de condiciones ni que hubiera expediente administrativo, al tratarse Parapanda de una sociedad mercantil", ha dicho Domene, para quien el procedimiento legal "se respetó en todo momento".
María Victoria Fuentes Pérez, también inculpada, fue la persona que se reunió con las tres empresas susceptibles de encargarse de la radio y el periódico locales, y que, según ha indicado, también votó a favor de la adjudicación a Silvania, porque no suponía ninguna ilegalidad según los asesores que tenía entonces Parapanda. "Nunca me dijeron que estaba haciendo algo ilegal", ha señalado la exconcejal, que, ha mantenido así la misma línea del alcalde.
Sin embargo, los otros tres inculpados, ediles en el momento de los hechos, María Ángeles Román Vega, Enrique Recio Gordo, y Antonia Blázquez Rodríguez, han coincidido también en que ninguno de los asesores ni el secretario hizo alguna indicación de que el proceso podría ser irregular, si bien han indicado que, después de que el caso haya llegado a juicio, se han sentido "engañados". Han asegurado que ellos, que estaban en principio representados por el asesor jurídico del Ayuntamiento, estaban dispuestos a dar "marcha atrás" y que fuera anulado el contrato a Silvania, del que era gerente, según han indicado, una persona que había trabajado para el PSOE durante la campaña electoral.
A continuación, han comenzado a declarar los testigos, el primero el propio denunciante, el que fuera presidente local del PP de Íllora y exconcejal en el Ayuntamiento Juan Francisco Palma Valenzuela, quien ha indicado que no se le permitió formar parte del consejo de administración de Parapanda, y que se ha reafirmado en que la adjudicación a Silvania fue "a dedo".
Además, ha confirmado que el gerente de Silvania, Francisco Izquierdo, es actualmente además el "asesor principal y estrella" del alcalde, y el que está "al mando" del Ayuntamiento porque, según ha afirmado, Domene "nunca está".
El propio Izquierdo ha declarado también como testigo y ha incidido en que las gestiones que hizo para presentar su proyecto no fueron ante el Ayuntamiento sino ante la empresa Parapanda. Además, ha negado que trabajara para el PSOE antes de la adjudicación puesta en duda, aunque sí ha dicho que hoy es asesor y que en la última campaña sí hizo algunas tareas relacionadas con la comunicación para los socialistas.
Tanto el gerente de Parapanda como uno de los asesores jurídicos también han insistido en que la adjudicación no era de aplicación la ley de contratación de administraciones públicas, y así lo recogió un informe de la Junta Consultiva de Contratación, y por tanto han defendido la legalidad del proceso.
Finalmente, y tras la lectura de los informes de las partes personadas, la Fiscalía, la acusación particular --el denunciante-- y las defensas, el juicio ha quedado visto para sentencia.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según la acusación del Ministerio Público, el 26 de mayo de 2005 el Ayuntamiento de Íllora adoptó un acuerdo relativo a la modificación de estatutos de la empresa municipal Parapanda Comunicación S.L., en la que se contemplaba, entre otros aspectos, que el gobierno y la administración de la sociedad sería regida por la Junta General (El Ayuntamiento pleno), el consejo de administración (designado por la Junta General y con representación de todos los grupos políticos) y el director-gerente.
Así, el 8 de enero de 2008 se constituyó el nuevo consejo de administración de Parapanda Comunicación, empresa pública de capital íntegramente municipal, y regida por los acusados como concejales en la corporación de Íllora.
Ya con fecha 19 de febrero de 2008 se celebró la reunión del consejo, en la que, "sin haber mediado convocatoria pública", "ni proyecto ni oferta concreta" y "con ánimo de favorecer a su representante", se adjudicó la gestión de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito municipal a la empresa 'Silvania Producciones S.L.', tras el voto favorable de los procesados, "conocedores de las irregularidades cometidas".
Ese mismo día el presidente del consejo, el alcalde, firmó con el administrador único de esa empresa el contrato, con una duración de tres años y un precio mensual máximo de 4.090 euros.
Entre las posibles irregularidades cometidas, el fiscal apunta que la autorización del contrato se hizo "prescindiendo" de "todas las exigencias" de la Ley de Contratación Pública, ya que no se tramitó previo expediente administrativo en el que se fijaran las cláusulas particulares y las prescripciones técnicas a regir en el contrato, no se justificó "adecuadamente" la elección del procedimiento o los criterios tenidos en cuenta para la adjudicación, y no se le dio la oportuna publicidad a la licitación.
Así, según el Ministerio Público, se vulneraron los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre candidatos, según consta en su escrito de acusación.