Carlos C.N. y María del Carmen B.C., condenados a una pena de tres años y un día por su actuación durante un piquete del Movimiento 15M de Granada en la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral, presentan este martes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por entender vulnerados sus derechos fundamentales durante la tramitación del procedimiento judicial y en especial durante el momento de dictarse la sentencia.
En el mismo recurso, del que informa el 15M en una nota, reclaman además medidas cautelares que suspendan su entrada en prisión hasta que se resuelva este trámite.
Carmen y Carlos fueron condenados por un delito contra el derecho de los trabajadores por el Juzgado de lo Penal 1, en una sentencia que fue ratificada después por la Audiencia Provincial de Granada convirtiéndose así en firme. Así, y al haber agotado ya la vía judicial, los dos condenados han decidido interponer el recurso de amparo en plazo ante el Tribunal Constitucional.
Entre los argumentos que plantean en sus recursos, hacen especial hincapié en la lesión del derecho fundamental a la huelga de los condenados. Consideran "errónea" la ponderación de los derechos fundamentales en juego durante el proceso (derecho a la huelga frente a derecho al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) y resaltan la "desproporción" del tipo penal utilizado (artículo 315.3 del Código Penal) en la interpretación de los hechos por parte de los magistrados.
Recuerdan además que ambos fueron condenados dando como hecho probado únicamente el testimonio de la denunciante "sin tener en cuenta ni las declaraciones de otros testigos presentes ni a la misma Policía". El resultado es que "una sola declaración sirve para condenar a los ciudadanos que ejercitaban el derecho fundamental a la huelga a tres años y un día de prisión".
En palabras de uno de sus letrados, "todo ello con la circunstancia aberrante añadida de que si los hechos no hubiesen sido supuestamente realizados en una jornada de huelga, la sanción penal hubiese sido más que significativamente menor. Lo que es tanto como la negación práctica de la existencia real de dicho derecho fundamental".
"POCAS VÍAS JURÍDICAS"
Dentro de las "pocas vías jurídicas" de las que disponen Carmen y Carlos para evitar su entrada en prisión tras sentencia firme, ambos presentaron un recurso de "incidente de nulidad de actuaciones" ante la Audiencia Provincial de Granada el 24 de junio, para tratar de invalidar parte del proceso en el que se les condenó, pero sin embargo, el recurso no fue admitido a trámite por la Audiencia.
Carmen, a quien le fue concedido el aplazamiento de entrada en prisión hasta final del mes de julio, ultima los detalles para la presentación de su petición de indulto en próximas fechas. Carlos, de quien aún pende la orden de ingreso inmediato en prisión, presentó esa petición de indulto la semana pasada ante el Ministerio de Justicia junto con una petición de suspensión de la ejecución de la condena hasta el fin del trámite.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió este mismo lunes, tras una reunión con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, a estudiar las tres peticiones de indulto que afectan a seis personas, solicitadas por los sindicatos, correspondientes a casos de Vigo, Pontevedra y estos dos de Granada.
Carlos C.N. nació en Castro del Río, Córdoba, en 1989, aunque sus padres y su familia es murciana. Ya ha terminado la licenciatura de Medicina en la Universidad de Granada.
Carmen B.C., es una leonesa de 56 años afincada en Granada desde hace décadas. Es animadora sociocultural con años de experiencia aunque actualmente está en paro. A su cargo tiene un hijo adolescente.