La Oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha resuelto la queja de una cooperativista del Plan Parcial 'La Azulejera' considerando que ésta tiene derecho a acceder a información sobre el procedimiento de la adjudicación de la parcela, en Casería de Montijo, en Granada, en la que estaba prevista la construcción de 125 viviendas de protección oficial que nunca llegaron a ejecutarse, después de que el terreno fuera vendido a una sociedad que luego se convirtió en una cooperativa.
En la contestación a la queja, documento al que ha tenido acceso Europa Press, la institución considera que, a pesar de revestir la forma de sociedad anónima, la empresa municipal es "un ente instrumental del Ayuntamiento de Granada", cuyas potestades públicas se ejercen por medio de Emuvyssa, lo que lleva a la conclusión a que en este caso es de aplicación la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Además, añade que Emuvyssa también está sometida a la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que incluye a las empresas públicas en su ámbito de aplicación y que "otorga a todos los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública".
Por todo, insta a la empresa a "facilitar a la interesada la información solicitada relativa al procedimiento de adjudicación de la parcela RP-4 del Plan Parcial E-2 La Azulejera".
Las 52 familias perjudicadas han reclamado al Ayuntamiento que se les devuelva el dinero "adelantado para unas viviendas de protección oficial que nunca se construyeron".
La portavoz de los vecinos, Nuria Cara, explicó recientemente que "la mayoría de los afectados" accedieron a estas VPO "derivados del servicio de demandantes de la propia Emuvyssa" y "el Ayuntamiento sacó a concurso la venta de suelo" sin que "se velara y comprobara que la empresa adjudicataria era solvente".
Cara ya criticó que, "en todo momento, el Ayuntamiento se ha negado a hacer público el proceso de adjudicación de los terrenos", así como a darles la documentación que reclaman. "Nos retienen 240.000 euros porque la promotora se declara insolvente", indicó la portavoz, que aclaró que los perjudicados quieren llegar a una acuerdo sin necesidad de acudir a los tribunales "porque sería un proceso que puede prolongarse una década".