El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga los supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes del llamado clan de 'Los Romanones', ha pedido al Vaticano que aporte la documentación que posee sobre el caso, que también lo está analizando la jurisdicción eclesiástica, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Asimismo, el titular del juzgado, el magistrado Antonio Moreno, ha pedido en una reciente resolución a las partes personadas que se pronuncien sobre la posible responsabilidad civil de la Iglesia en este caso.
Estos nuevos trámites procesales se producen después de que el abogado del principal denunciante, el letrado Jorge Aguilera, personado como acusación particular, presentara ante el juez un escrito en el que pedía que se requiriese al arzobispo de Granada, Javier Martínez, información para que aclarase si ha habido contribuciones, donaciones o aportaciones económicas de este grupo de religiosos a la Diócesis o "a cualquier entidad o persona dependiente" de la institución.
El pasado lunes día 23 de febrero, esta acusación pidió que el prelado indique cuáles son las reuniones que ha mantenido con los 'Romanones' desde que fue designado para el cargo de arzobispo hasta la fecha, y que se instara a la Santa Sede para que informase de cuáles son las actuaciones canónicas que se han llevado a cabo hasta ahora contra los imputados y todo lo emprendido por la jurisdicción eclesiástica; y a la Conferencia Episcopal para que aportase el protocolo que sigue la Iglesia en estos casos.
También el abogado reclamó al juez que se recopilasen las quejas o reclamaciones que puedan haber contra los diez sacerdotes imputados desde que fueron ordenados, aclarando que el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C. ha ejercido, además de en Granada, en Italia, Argentina o Bélgica, por lo que la información debería solicitarse a instancias internacionales.
Sus peticiones se producían después de que sólo unos días antes esta misma acusación particular presentara un recurso de apelación ante la Audiencia de Granada contra el auto del Juzgado que declaró prescritos todos los delitos de los doce imputados salvo los atribuibles al padre Román M.V.C.
RECHAZO A LA PERSONACIÓN DE REDUNE
En el caso también quería personarse como acusación popular la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (Redune), que considera que los imputados pudieron cometer un delito de asociación ilícita, pero ahora el juez ha rechazado su personación, tras el informe desfavorable del Ministerio Fiscal, una decisión que sin embargo prevé recurrir, han informado a Europa Press fuentes de este colectivo.
Fue el pasado día 16 de febrero cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, del que es titular el magistrado Antonio Moreno, hizo público el auto en el que declaraba prescritos todos los delitos que se le imputaban a los 12 denunciados excepto uno, el considerado líder del grupo.
Concretamente, consideraba prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares. Sin embargo, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, acordó mantener la imputación contra el presunto líder por los hechos presuntamente cometidos por él mismo sobre el primer denunciante --que llevó su caso ante el Papa Francisco-- porque podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y en su mitad superior.
El juez aclaraba en su resolución que la aplicación de la prescripción no se aplica "a capricho o arbitrio judicial", sino que es "de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales". Y en este caso, como señalaba en el auto, los delitos de abuso sexual, agresión sexual o exhibicionismo se prolongaron en su comisión, indiciariamente, desde el año 2004 a 2007, por lo que determina "obligatoriamente la aplicación de los plazos de prescripción establecidos en el código penal vigente en ese periodo de tiempo".
En este sentido, respecto a once de las personas a las que se investigaba, los delitos continuados que se les imputaban --abusos sexuales sin introducción, exhibicionismo o encubrimiento-- corresponderían penas que con sus agravantes no superarían los tres años de prisión por cada tipo, de manera que, teniendo en cuenta que desde que se produce la mayoría de edad del principal denunciante (enero de 2008) hasta que se incoa el procedimiento en noviembre de 2014, "han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción para dichos delitos".
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse". El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.
