El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha confirmado el archivo de la denuncia anónima que fue remitida a la Audiencia Nacional (AN) sobre posibles irregularidades en las obras en la sede del PP de Granada, concretamente por una supuesta financiación irregular.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, tras recibir la documentación remitida por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el Juzgado granadino ha acordado en primer lugar la acumulación de la nueva causa ampliatoria a la que ya fue anteriormente sobreseída --por la misma denuncia-- y, en segundo término, que continúe en el mismo estado de archivo.
De hecho, la denuncia anónima fue recibida en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en octubre de 2014. Desde este juzgado se envió una copia de la denuncia al Juzgado de Instrucción 8 de Granada y otra copia al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que ya estaba investigando al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El 19 de noviembre de 2014 el Juzgado de Instrucción 8 de Granada acordó la apertura de diligencias previas y el sobreseimiento de las mismas al tratarse de una denuncia anónima, el mismo día.
La documentación remitida por el Juzgado Central 5 adjuntaba un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que le había sido solicitado por la Fiscalía con el fin de investigar datos patrimoniales de las personas mencionadas en el escrito anónimo.
La investigación concluyó que no se apreciaban indicios delictivos. Por todo lo cual, el juez instructor de Granada acordó la continuación del estado de archivo.
En la denuncia alguien anónimo apunta que la financiación para la compra y obra de la nueva sede del PP en Granada, inaugurada en junio de 2013, procede de aportaciones en 'dinero B' de empresarios y constructores que han financiado también diferentes campañas electorales a cambio de adjudicaciones de obras públicas y concesiones administrativas de servicios.
Igualmente vertía el denunciante sus sospechas respecto de un contrato que tiene que adjudicar la Diputación de Granada en este año 2015 para el tratamiento de los residuos sólidos de toda la provincia por valor de 518 millones de euros y entendía que los sujetos denunciados "están haciendo todo lo imposible" para que se adjudique la empresa Cespa, filial de Ferrovial, "a cambio de comisiones y otras ventajas".
En la denuncia, según se señalaba en el auto de inhibición a favor del Juzgado de Granada, se hacía mención igualmente al enriquecimiento de las personas denunciadas por la percepción de comisiones derivadas de las adjudicaciones de contratos públicos en los que intervienen.