El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe está a un paso de cerrar de nuevo la instrucción del llamado 'caso Marchelo' sobre supuesta corrupción urbanística en Alhendín (Granada) tras la última declaración de cinco de los 15 imputados en la causa.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la juez, Gema Quintanilla, está a la espera de que las partes personadas se pronuncien sobre el último informe que ha emitido la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación con el desvío del Arroyo Marañón, para emitir un nuevo auto de procedimiento abreviado.
Este trámite judicial supondrá el cierre de la instrucción y abrirá el turno para que las partes personadas emitan sus respectivos escritos de acusación o defensa.
Fue el pasado 6 de febrero cuando comparecieron ante la magistrada cinco de los 15 imputados que, citados tras la ampliación de diligencias solicitada por la Fiscalía de Granada, defendieron su inocencia y la legalidad de sus actuaciones.
Declararon únicamente sobre la ejecución de obras de desvío del Arroyo Marañón o Barranco de la Calera y la ejecución de edificaciones en los terrenos del antiguo cauce y explicaron que tomaron decisiones al respecto conforme a informes favorables.
En ello coincidieron los cinco: el promotor Fernando R. A.; el exconcejal de Urbanismo de Alhendín Manuel Fernández (PP); el exalcalde del municipio José Guerrero (PP) y otros dos concejales de su mandato, que fueron llamados a ampliar sus declaraciones anteriores sobre este caso. Consideraron que actuaron correctamente y que todos los permisos estaban aprobados.
Su testimonio se producía después de que la Audiencia de Granada revocara parcialmente, a mediados de 2012, el auto de procedimiento abreviado que dictó en su día tras las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Alhendín, y ordenó que el caso volviera al Juzgado de Instrucción para que se practicaran más pruebas. Así, y a raíz de una serie de informes del Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Fiscalía pidió nuevas diligencias, a lo que la juez accedió, citando de nuevo a cinco de los imputados.
Tras estas nuevas comparecencias, que supusieron una ampliación de la declaración de los cinco imputados mencionados, y el pronunciamiento de las partes sobre el informe de la CHG, la juez dictará un nuevo auto de procedimiento abreviado, que situará a los acusados a un paso de ser juzgados, para enviar el asunto a la Audiencia para que fije la fecha de la vista.
EL AUTO INICIAL DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
En el auto inicial, que podría ser ahora ampliado o modificado, el entonces instructor, el juez Miguel Ángel Gómez Torres, imputó a un total de 15 personas: al exalcalde del municipio, José Guerrero (PP) y a los ediles 'populares' Manuel Fernández --que en el momento de los hechos era concejal de Urbanismo--, Salvador Nogueras, María José Garrido, y el arquitecto municipal, así como a los empresarios Fernando Rafael R.A. --promotor de la urbanización Novosur-- Juan Leocadio y Fernando M.T; Alejandro A.R.; Fernando M.N.; Luis, Rafael Francisco y Mariano A.P.; Manuel M.R. y Rafael T.P.
El juez vio relevancia penal en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del exalcalde y el parque municipal-mercadillo del municipio.
En cuanto al primero, el instructor consideró que existían indicios fundados para entender que, desde septiembre de 2003, al tiempo de la constitución de la sociedad mercantil Parque Empresarial Alhendín S.L., existió el compromiso de los socios fundadores de la sociedad y del concejal de Urbanismo de que éste recibiera en el futuro una participación en la sociedad del 1,5 por ciento "a modo de comisión por su intermediación en la operación".
Con respecto a Novosur, vio también "indicios racionales suficientes" para poder afirmar que el exedil de Urbanismo pudo haber recibido "en su propio provecho" una dádiva del promotor de la urbanización Novosur, Fernando Rafael R.A., consistente en una vivienda en Armilla (Granada) valorada en 340.000 euros y que era propiedad de una sociedad que administraba el promotor. Éste fue el domicilio en el que se detuvo al ex concejal de en marzo de 2007.
Sobre las servidumbres aéreas señalaba que el exceso de altura en los bloques de la promotora Frai carecían de "trascendencia penal", si bien decidía continuar adelante en virtud de una sentencia de la Audiencia Provincial en la que no se descartaba esa relevancia.
De la gasolinera estimaba que el exalcalde se valió de su condición política para lograr que se recalificaran unos terrenos de su propiedad que había vendido por 60.000 euros más una cantidad que estaba condicionada "a la concesión de la correspondiente licencia de apertura para una estación de servicio" y en el caso del parque municipal el juez observó que se quebrantó el principio de libre concurrencia y de igualdad en el concurso público para adjudicárselo a la empresa Tarje.