La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión y multa de 1.080 euros, para un hombre acusado de quedarse con dos semirremolques frigoríficos, valorados en 60.000 euros, tras habérselos alquilado a una empresa de transporte.
Se trata de Juan Carlos D.B., sin antecedentes penales, al que se le atribuye un posible delito de apropiación indebida o, alternativamente, un delito de estafa, por el que será juzgado el próximo 8 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2007, cuando el acusado, actuando en legal representación de la mercantil Logística Molina suscribió con la empresa Rentrucks Alquiler y Servicios de Transporte dos contratos de arrendamiento venta de dos vehículos semirremolques frigoríficos.
El arrendamiento se estableció en 72 meses de duración, de manera que la fecha de vencimiento de la primera mensualidad era 15 de octubre de 2007 y de la última mensualidad el 15 de septiembre de 2013, y se estableció en una cláusula la posibilidad de adquisición del arrendatario de la nuda propiedad de los vehículos, pero era condición necesaria y previa el pago completo de todas las cuotas.
De esta manera, y en virtud del contrato indicado, el procesado, en legal representación de la arrendataria, adquirió el uso y disfrute de los vehículos a cambio de una renta mensual de 1.066 euros. Sin embargo, en una fecha próxima al 15 de marzo de 2010 tuvo conocimiento el inculpado de un burofax remitido por la empresa arrendadora en el que le exigía el pago de las mensualidades impagadas y la inmediata devolución de los dos vehículos, en virtud del ejercicio del derecho de resolución del contrato por impago.
En ese momento el acusado, que tenía en posesión los vehículos pero no la propiedad, "con ánimo de lucro ilícito y conociendo la obligación de inmediata devolución de los mismos", se apoderó de ellos y se los cedió como activo a la empresa Corral de Comba a pesar de carecer de facultades de disposición.
Además, la empresa a la que cedió los vehículos suscribió el 18 de noviembre de 2010 escritura de compraventa de la totalidad de las participaciones sociales de la empresa del inculpado, incluyendo que recibía como parte del acuerdo los dos vehículos.
Según el fiscal, los semirremolques, valorados cada uno de ellos en 30.000 euros, no han sido localizados y se ignora su paradero.