El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha rechazado este viernes que la administración central tenga competencias medioambientales en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote, a una finca cercana.
En declaraciones a los periodistas, y aunque no ha querido entrar en "disquisiciones", ha respondido así a la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que declaró este jueves como imputada ante el Juzgado de Instrucción 6 de Granada y que consideró que en el momento de los hechos la Junta no tenía competencia en los vertidos que, según dijo, correspondía al Gobierno central.
Pérez ha confiado en que pronto se aclare todo este asunto que, personalmente, ha considerado que se ha "desmadrado" y que se ha imputado a personas que no deberían estarlo, aunque ha dicho respetar las decisiones adoptadas por el instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco. "Espero que nadie salga mal parado", ha mantenido el subdelegado.
De hecho, en el caso están también imputados, entre otros, además de dos delegadas de la Junta, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora. El asunto fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
El magistrado Miguel Ángel del Arco citó a declarar como imputada de los posibles delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente a García --también exdelegada de Medio Ambiente-- para el día 27 de mayo, y a Oria, el día siguiente, día 28, pero finalmente decidió aplazar sus comparecencias para junio, finalmente para los días 25 y 29 tras su última decisión.
En una providencia de fecha 15 de abril, el Juzgado señalaba que cuando menos desde enero del año 2009, en que se asumieron por la Junta de Andalucía las competencias en materia de Aguas y se creó la Agencia Andaluza del Agua, los responsables de Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Granada tenían conocimiento de la situación creada por los vertidos de la prisión de Albolote, "y tenían por tanto un deber cualificado de actuar en la adopción de medidas de control, inspección e incluso sancionatorias, al margen o de forma concurrente con el respectivo organismo de cuenca estatal, competente en materia de aguas y de vertidos a los cauces".
El juez incidía además en que, como delegados de la Consejería de Medio Ambiente, "tenían el previo conocimiento de las múltiples infracciones y denuncias presentadas entre los años 2009 y 2011 contra los responsables del Centro penitenciario de Albolote y contra los responsables de la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta, acaecidas en el tiempo en que fueron competentes en materia de control de las aguas, a través de la Agencia Andaluza del agua".
Como consecuencia de ello, "tenían entre 2012 y 2015, y siguen teniendo, el deber de controlar la situación medioambiental en el suelo, el subsuelo y las aguas de la zona de Albolote y Colomera, y de instar ante el Organismo de cuenca (CHG) la iniciación de expedientes sancionadores, o de iniciarlos ellos mismos en ejercicio de sus propias competencias".
De hecho, consideraba Del Arco que, como delegados, no han cumplido diversas normas autonómicas, y que, por ejemplo, con su "anuencia", se ha "prescindido totalmente de la necesaria fase de información pública de la reforma y construcción de la nueva EDAR --la depuradora de la prisión--, a la que tienen derecho todos los ciudadanos".
Con respecto a la actual delegada de Medio Ambiente, el juez advertía de que "era y es perfectamente conocedora de la situación de los daños por contaminación procedentes de la prisión del Albolote, agravada incluso por las múltiples informaciones periodísticas aparecidas entre 2014 y 2015 en los medios de comunicación provinciales y regionales, sin que se haya acometido ningún tipo de actuación correctora o sancionadora por su parte, a pesar de tener competencias para ello, concurrentes con las estatales de la CHG".
