La Fiscalía de Granada solicita penas de entre 6 y 8 años de prisión para cinco acusados de estafar a más de 200 personas a las que hicieron creer que adquirían oro y metales preciosos para su posterior venta a entidades que necesitan acreditar su solvencia, en el marco de una falsa operación de inversión con la que estafaron más de 1,5 millones de euros.
Según consta el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos se remontan a 2006, cuando dos de los acusados crearon las sociedades desde las que se cometió la supuesta estafa y donde trabajaban el resto de procesados, que eran los encargados de captar a los clientes e informales de las operaciones a realizar.
Todos ellos, con el fin de lucrarse y a sabiendas de que el capital invertido nunca iba a ser destinado al fin previsto, suscribieron entre 2006 y 2007 contratos privados de intermediación financiera en Granada con 203 personas.
El objeto era la entrega por parte de los clientes de capital para la adquisición de oro y metales preciosos en el mercado de Londres para su posterior alquiler o venta a entidades que necesitan acreditar su solvencia o avalar operaciones, garantizando a los inversores la percepción de una rentabilidad máxima del 75 por ciento del capital invertido.
Los acusados nunca llegaron a reinvertir las cantidades que les dieron sus clientes en la compra de oro ni realizaron operación de inversión alguna.
De hecho, se valieron de las primeras inversiones que hicieron para simular que cumplían con lo acordado reintegrando a los primeros clientes la inversión inicial y los intereses pactados con el capital aportado por los nuevos inversores. De este modo, lograron crear un clima de "absoluta confianza" que permitiese atraer a nuevos inversores y la aportación de más capital, generando con ello una estructura piramidal.
Ante la imposibilidad de atender los pagos, y con la finalidad de eludir las reclamaciones de los afectados, los dos dueños de las sociedades alegaron estar siendo investigados por el Banco de España, concretamente por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, aportando a sus clientes un falso documento supuestamente firmado por el secretario del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía.
El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide penas de seis años de prisión para cada uno de los acusados, y de un delito de falsedad documental por el que solicita otros dos años más de cárcel para los dueños de las sociedades desde las que se cometió el delito.
Los cinco acusados serán juzgados por estos hechos desde el 5 al 14 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
