La Fiscalía ha recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Granada de dar por concluida la investigación en torno a la organización criminal que introdujo droga por la costa granadina hasta 2006, con el coronel F.G. Santaella como uno de los presuntos cabecillas, y ha reclamado que se impute en la causa a otro guardia civil que también habría participado en los hechos.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita que se deje sin efecto el auto del Juzgado que transformó las diligencias en procedimiento abreviado, cerrando la instrucción y dejando a un paso del juicio al coronel Santaella, al teniente coronel Francisco O.C y a otras cuatro personas más.

Lo hace al entender que la decisión "es prematura" en tanto que aún quedan por practicar "diligencias indispensables" para la causa que fueron solicitadas por el Juzgado, entre ellas un informe más detallado de la Policía Judicial sobre la investigación patrimonial realizada a Santaella.

A ello suma que no está investigado el guardia civil Nicolás G.C., respecto al que el Juzgado archivó la acusa al entender que no está acreditado su participación en los hechos y que, en todo caso, los delitos que se le podrían atribuir han prescrito. De ambos extremos disiente el Ministerio Fiscal, el cual argumenta que esta persona pudo recibir dinero de los narcos por "haber hecho de puente" en operaciones de droga, de acuerdo a las testificales recabadas durante la fase de instrucción.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada sostiene en su último auto que los supuestos cabecillas de esta banda dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales fueron los acusados Rachiz Z., que era el "encargado de contactar con Marruecos para obtener el hachís que era introducido en España, y el coronel Santaella.

En aquel momento era comandante de la Guardia Civil y Jefe de la Policía Judicial e Información de Granada, cargo que supuestamente aprovechó para hacer funciones de "seguridad" que garantizaban la entrada de la droga, recibiendo 120.000 euros por "trabajo realizado".

Además, utilizaba presuntamente las aprehensiones de droga que realizaba el Instituto Armado en las costas granadinas para coger fardos y entregarlos a sus "colaboradores" para que los vendieran y repartirse entre ellos los beneficios.

Uno de estos presuntos colaboradores eran los también acusados Jorge D.P. y David G.M., que supuestamente también se encargaba de tareas logísticas para la banda criminal, como descargar la droga o conducir las naves.

El sistema de trabajo del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Granada cambió "totalmente" desde la llegada del coronel Santaella, que dirigía las operaciones personalmente sin control judicial de los alijos o el lugar de depósito de la droga.

Esto provocó que ante las sospechas de actuaciones delictivas, un alférez de la Comandancia de Granada diera cuenta a sus superiores y al Servicio de Asuntos Internos (SAI).

"A pesar de la gravedad de los hechos denunciados" y de los resultados de la investigación realizada por el propio cuerpo, se ordenó el archivo del expediente abierto por parte del que fuera entonces teniente coronel del SAI, Francisco O.C., que está investigado en la causa por un delito de encubrimiento.

El coronel Santaella, ahora desplazado a otro destino; Rachid Z., David G.M. y Jorge D.P. están siendo investigados por los supuestos delitos de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

El teniente coronel de la Guardia Civil Francisco O.C., por el citado delito de encubrimiento, y Ana D.A. --mujer de Santaella-- por un delito de blanqueo de capitales.