La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha negado que exista "negligencia" por parte de la Junta de Andalucía en el conocido como caso Nevada, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dictado una sentencia donde eleva a 165 millones la indemnización de la Junta al Centro Comercial Nevada, tras lo que Montero ha expresado su respeto por la sentencia pero insiste en que "había motivo para paralizar las obras".
En una respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria, la consejera ha dejado claro que "cualquier sentencia hay que acatarla", aunque recuerda que dicho fallo "está siendo objeto de estudio para ver la posibilidad de presentar un recurso".
Así, apunta que la Junta respeta la sentencia "pero no la comparte, pues hay argumentos suficientes que dan la razón a la decisión de paralizar", de forma que "al enumerar el cronograma de acontecimientos que relata el gabinete jurídico de la Junta y que se había trasladado al juzgado, ello permite entender que la paralización de las obras fue una decisión adecuada".
Ha dejado claro que "en ningún caso la indemnización se produce porque haya habido ningún fallo del gabinete jurídico", de manera que "las alegaciones se habían presentado en tiempo y forma por escrito", aunque sí reconoce que hubo una "incomparecencia" de los abogados, lo cual supone un fallo del gabinete jurídico, pero apunta que "ese fallo no ha afectado a la sentencia judicial".
"La sentencia no es plato de gusto y se está estudiando la posibilidad de recurrir, pues defenderemos los intereses de la Hacienda pública", ha aseverado la consejera, quien ha animado al gabinete jurídico a que "si hay posibilidad de recurso, lo ejerza, para defender los intereses de la hacienda pública".
No obstante, deja claro que si finalmente los tribunales entienden que hay que indemnizar, "se establecerá un calendario de pagos para hacer ejecutiva la sentencia".
Montero, quien reconoce que a la Hacienda pública "le duelen esas cantidades", ha recordado que esa cifra se ha elevado porque "hay que actualizar cantidades porque haya que pagar intereses".
Tras reconocer que se trata de un caso "complicado", Montero insiste en que no ha existido negligencia por parte de la Junta, toda vez que "hay criterios y motivos para producir la paralización de obras, según nuestro planteamiento, pues se estaban invadiendo zonas verdes, por lo que la Junta ha actuado de forma adecuada, y esa cantidad no es reprochable al Gobierno andaluz, pues no hay atisbo de negligencia".
"Tenemos disparidad de criterios con el tribunal, y esperamos que se pueda resolver, si no acataremos la sentencia", ha añadido.
"ES UN ESCÁNDALO", SEGÚN PODEMOS
Por su parte, la diputada de Podemos Carmen Lizárraga define como "tremenda" la cantidad establecida y el incremento registrado en la indemnización y espera que "no crezca más si se interpone recurso de casación al Supremo y se pierde de nuevo".
A su juicio, "lo peor no es que no asistiera al juicio por incompetencia porque no lo apuntara a la agenda, sino lo peor son los efectos en el terreno social de esa cuantía, y eso nos duele".
"Con esos 165 millones se hubieran podido construir 80 ambulatorios, tres hospitales, ocho planes extraordinarios de empleo, se podría incrementar el salario social, esa cantidad equivale a lo que se destina durante 20 años a Ley de Memoria Histórica o hubiera dado para otro programa completo de comedores escolares, además de multiplicar grandemente las ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género", ha aseverado Lizárraga, para la que "es une escándalo que tengamos que pagar esa indemnización".
A su juicio, "sería un escándalo en esta Andalucía de emergencia social y lo sufrirían los que peor lo pasan".
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA estima tanto el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía como el de la entidad mercantil contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada que condenó al Gobierno andaluz al pago de 157,4 millones de euros, en concepto de daño emergente y lucro cesante, a la empresa. Esta última recurrió la sentencia solicitando una indemnización de 260,5 millones de euros.
