El TSJA anula contrato de basura adjudicado por Diputación de Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el contrato para la gestión del tratamiento de los residuos en la provincia de Granada, cuya adjudicación se produjo en mayo de 2015, durante el anterior gobierno del PP en la institución provincial.

El actual diputado de Economía, Manuel Gómez Vidal (PSOE), que ha confirmado hoy el fallo, ha recordado que el grupo socialista, entonces en la oposición, se opuso "radicalmente" en su día a lo que denominaron el "contratazo" de la basura, un contrato que contaba con un presupuesto de licitación de 635 millones de euros para la gestión del tratamiento de residuos del conjunto de los municipios de la provincia de Granada durante 25 años.

En concreto, se opusieron al proceso de selección del contratista que finalmente aprobó el pleno de la Diputación al entender que "los elementos de selección objetivos quedaban atenuados en relación con los de valoración subjetivos", según el diputado de Economía.

"Nunca entendimos las prisas que la corporación anterior tuvo para guiar este contrato y dejar en la antesala de la adjudicación el contrato del tratamiento de la basura en plenas elecciones municipales", ha indicado Gómez Vidal, quien ha precisado que la propuesta de adjudicación del contrato tuvo que ser finalmente firmad por el actual presidente, José Entrena (PSOE), aunque fue aprobada en un pleno presidido por la anterior corporación del PP.

Según ha explicado, los servicios jurídicos de la Diputación estudian actualmente junto a los técnicos de las áreas correspondientes cuál es la actuación que seguirán tras el fallo.

"Y a ello nos atendremos, respetando la justicia y cumpliendo la ley", ha concluido.

La sentencia del TSJA, que ratifica otra de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, obliga a puntuar de nuevo las cuatro ofertas que se presentaron para gestionar el tratamiento de los residuos en la provincia (la adjudicataria resultó ser FCC), según avanza hoy el diario Ideal.

El fallo, contra el que cabe recurso de casación, entiende que la empresa adjudicataria contó con "ventaja" al no aplicársele estrictamente el pliego en, al menos, dos puntos.