La ex consejera delegada de Cetursa, la socialista María José López, ha defendido su gestión al frente de la empresa pública de Sierra Nevada, y ha señalado que los pagos de las cantidades que hubieran podido cobrar antiguos cargos de la estación, que dieron lugar a una denuncia de la Fiscalía, se hicieron cumpliendo con la normativa.

Así lo ha explicado a preguntas de los periodistas, a las puertas del edificio judicial de Caleta de la capital granadina, antes de prestar declaración como investigada, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, donde también ha declarado como investigado el director de organización y finanzas en el periodo 2010-2017 de esta empresa pública andaluza por presuntas irregularidades en la percepción de cantidades indebidas en sus nóminas a cargo de los fondos públicos.

María José López ha señalado que no hay cantidades que se hayan "cobrado de ninguna manera irregular", y que las que hayan dado pie a la investigación "seguro" que tienen "una explicación", y "una causa", partiendo de la "base legal" de una empresa pública, en que "no se pueden cobrar cosas" que no estén "perfectamente" fundamentadas.

Ha hecho hincapié en que las cuentas de Cetursa, que ha señalado que tuvo "superávit" desde 2014 hasta el final de su etapa como directora, están auditadas externamente, además de por la Intervención.

La investigación judicial deriva de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada contra estos dos ex altos cargos de la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada.

La apertura de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal comenzó el 23 de noviembre de 2018 con el informe remitido a la Fiscalía por la Consejería de Turismo y Deportes a partir de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

La también ex consejera de Justicia ha resaltado este jueves que llegaba al Juzgado con "tranquilidad" para manifestar "la verdad" y su opinión sobre las actuaciones que se han llevado a cabo, y lo que se ha escrito sobre este tema.

El único contrato de alta dirección en Cetursa era el suyo y no cobró ninguna cantidad "que esté sobre el límite de las retribuciones" y cuando se cuestionó que pudiera cobrar unos 700 euros en concepto de antigüedad, los devolvió a pesar de que creía que tenía derecho a ese pago y porque no iba a discutir con "los dueños de la empresa", ha mantenido, en presencia de su letrado, que pedirá nuevas diligencias para aclarar el caso, a la espera de que haya archivo y no pase de Instrucción.

El resto de la investigación tendría relación con directivos sujetos al convenio de la empresa, que "inicialmente no tenían que estar sometidos a ningún límite de retribuciones" pero "la Inspección de Servicios de la Junta de Andalucía en 2014 entendió que sí" y se les reajustaron.

"Sí es verdad es que han cobrado su antigüedad" y "los derechos que conllevan su situación dentro de la compañía", lo que está "previsto en el marco legal de la Junta de Andalucía", ha agregado María José López, quien ha añadido que "lo que hubiese sido ilegal" habría sido que ella "hubiese tomado decisiones desajustadas de esa norma".

Preguntada por si hubo persecución política, López ha respondido que "de todo habrá seguro un poquito", pero "la ventaja" es tener "la oportunidad" de aclarar estos asuntos ante el juez, después de dos años en que se han escrito cuestiones que eran "una barbaridad", cuando la "actuación fue correcta".

DENUNCIA DEL FISCAL

En el origen del caso, el informe enviado a la Fiscalía de Sevilla fue trasladado a la de Granada por tener el domicilio social la empresa pública andaluza con una participación del 95,90 por ciento, según informó el pasado mes de junio la Fiscalía Superior de Andalucía.

El informe presentado por la Consejería de Turismo y Deporte indica que el director de organización y finanzas de Cetursa S.A. habría cobrado complementos por la antigüedad sin tener derecho a ello, entre los años 2012 y 2017. En relación a este cobro de antigüedad, la Fiscalía solicita que se investigue el contrato fechado en julio de 2010.

Posteriormente, en el curso de las diligencias de investigación, la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía, Consejería de la Junta de Andalucía a la que ha quedado adscrita Cetursa, presentó otra denuncia en la Fiscalía, en el mes de abril, por hechos similares que los relacionan con una adenda del contrato de la exconsejera de delegada, fechado el 1 de noviembre de 2010, si bien la empresa no está personada en la causa por la que se toma declaración a López este jueves como investigada.

La denuncia pide también la investigación de las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017 y que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros.

En diciembre de 2015, la exconsejera de delegada de Cetursa reestructura el organigrama directivo de la empresa pública y ordena el cese de los directores de área y crea de forma paralela jefaturas de área con las mismas funciones y con los mismos responsables acogidos al convenio de Cetursa.

La Fiscalía solicita al Juzgado que investigue esta decisión que, según los informes, podría no deberse a una mejora de gestión empresarial sino la de eludir los límites que fijaban las leyes presupuestarias.

El decreto de denuncia de la Fiscalía añade que no se excluye de una posible imputación de otros directivos de la empresa pública en el curso de las investigaciones judiciales que no han sido investigados en estas diligencias.