PROA agrupa y representa más del 40% de la facturación del sector de la producción en España y, a pesar de ello, “en ningún momento” ha participado en el proceso de redacción de una ley que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, afirma la Federación en un comunicado.
De ahí que considere “más que necesaria” la reunión de trabajo mantenida el pasado martes por los productores cinematográficos con la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.
Una reunión a la que asistió el presidente de PROA, Ramón Colom, y su secretario general, Joan Antonio González, y que sirvió para que la Federación reiterara su oposición a una Ley “a favor de los intereses de las televisiones”.
El principal punto de preocupación para PROA es que la Ley establece que las inversiones en series de televisión tendrán que computar en el porcentaje que obliga a invertir en producciones europeas.
Según el texto legislativo, las cadenas privadas de televisión deberán invertir en producciones audiovisuales europeas un 5% de sus ingresos, porcentaje que se eleva a un 6% para los canales públicos.
Un hecho que “vulnera los derechos de los productores independientes, la propia norma europea y que es una forma de encaminar recursos desde las televisiones hacia formatos que de entrada ya tienen su financiación y sus oportunidades de difusión asegurados”.
Además, “legitimará a las cadenas para financiar sus productos de mayor caducidad (...), a expensas de proyectos de creación original y que son capaces de generar actividad y calidad en todos los sectores profesionales de la industria audiovisual sin empobrecerlos, ni abusar de posición dominante”.
Al respecto, PROA resalta que países como Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica o Suecia han regulado que la inversión en producciones europeas se destine casi íntegramente “a obras cinematográficas o televisivas de productor independiente”.
PROA lamenta que la vicepresidencia del Gobierno sí consultara para el desarrollo de la Ley a instancias como la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), “que tuvieron la oportunidad de defender sus legítimos intereses y argumentar sus motivos para incluir las series de televisión de ficción, que ellos mismos producen, en los cómputos de producción europea”.