De esta forma, la ley antidescargas será de nuevo introducida en el trámite parlamentario, tras su rechazo en el Congreso en diciembre, y será debatida en el pleno del Senado la próxima semana, antes de pasar de nuevo al Congreso para ser aprobada definitivamente.
La enmienda sobre la ley Sinde, que fue pactada entre Gobierno, PP y CiU pocas horas antes de que concluyera el plazo de presentación, refuerza las garantías judiciales desde el comienzo del proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.
Además de este texto, PSOE, PP y CiU también presentaron una enmienda que insta al Gobierno a modificar, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, la regulación del canon digital para que se adapte a la legislación de la Unión Europea.
Aparte de estas dos enmiendas, el informe de la ponencia, que fue elaborado durante dos horas, incluye alrededor de otras 70 de las 617 que fueron presentadas en un principio al contenido original que procedía del Congreso.
A pesar de que el informe ha sido aprobado por unanimidad, tanto el portavoz del Grupo Mixto, Pere Sampol, perteneciente al Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, como el portavoz del grupo Senadores Nacionalistas, Xosé Manuel Pérez Bouza, del BNG, han manifestado que emitirán en el pleno voto particular a las dos enmiendas sobre la propiedad intelectual.
La inclusión de estas enmiendas “no es oportuno ni en la forma ni el fondo”, ha asegurado en su intervención Pérez Bouza quien, al término de la comisión, ha mostrado a los medios de comunicación su rechazo a su introducción “vía acuerdo extraparlamentario” y ha defendido una reforma global de la Ley de Propiedad Intelectual.
El senador gallego considera que si bien la nueva ley Sinde consensuada por el Gobierno, PP y CiU incluye “algunas mejoras” en la tutela judicial y la defensa de los posibles demandados, mantiene la creación de una comisión de propiedad intelectual “innecesaria” y de “control político”, pues debería ser la jurisdicción civil la única competente.