Emilio Armengod Molina, Eladio Barbacil Romarín, Manuel Belizón Castillo, Eduardo Díaz Delgado, Antonio Ferrer Acosta, Marciano Gonzalez Medina, José Lucas Velázquez, Juan Moreno Cabezas, Juan Mantero Valero, Eduardo Naranjo Gago, Antonio Pérez Heredia, Luis Ramos Laguna, Marcial Ruiz Pérez, Esteban Salamero Bernal, Carlos Urtubey Rebollo y el alcalde Cayetano Roldán Moreno.
Era la Corporación que en julio de 1936 administraba la ciudad de San Fernando a escasos días del golpe de estado del 18 de julio de ese año. Su última sesión fue el día 15 y el acta no llegó a ser firmada por los capitulares. Eran asuntos de gestión habitual y ordinaria del gobierno de una ciudad. O lo que es lo mismo, acuerdos por el bienestar de la población.
El acto que tuvo lugar este viernes 29 de octubre de 2021, 85 años después de que muriera asesinado el alcalde Cayetano Roldán Moreno, lo firmaron sus familiares en un acto solemne que el Ayuntamiento de San Fernando quiso que fuera en el mismo lugar donde se sentaron los represaliados y que hasta la remodelación del Ayuntamiento era el salón de Plenos. Las sillas-escaños estaban ocupadas esta ver por los nietos de los concejales desposeídos de sus cargos y de su dignidad social por la fuerza de las armas y ellos -los que pudieron asistir- firmaron el acta de esa sesión que de forma simbólica quedó cerrada de una vez por todas.
El delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, se encargó de nombrar a todos y cada uno de los concejales asesinados, las fechas y los actos ocurridos en cada caso.
El 18 de julio de 1936, apenas tres días después de ese pleno municipal fueron apresados casi todos los miembros de aquella Corporación que no aceptaron la rebelión de los golpistas. Habían acudido al Ayuntamiento recién leído el bando de guerra. El último en llegar ese día fue Eladio Barbacil, al que apresaron soldados de Infantería de Marina en las escalinatas de este Edificio Consistorial. El resto ya habían sido detenidos, y otros como el alcalde Cayetano Roldán lo serían poco después.
Todos ellos murieron de forma escalonada en los meses siguientes, entre agosto y noviembre de ese mismo año.
"Solo hay que pasar una página más de este libro de actas para que vuelva a golpearnos esta dura etapa de nuestra historia". El 21 de julio 1936, apenas unos días después del golpe de estado, tras esa página sin firmar, aparece recogida la constitución del nuevo Ayuntamiento ya presidido por militares. En ella justifican su alzamiento “para liberar a España del más espantoso caos” y así tratan de legitimar “la destitución de los Ayuntamientos que colaboraron con el gobierno del Frente Popular”.
Mientras, al alcalde y los concejales los encerraron en el penal de Cuatro Torres. Después, el 10 de agosto trasladaron a algunos de ellos a El Puerto de Santa María y los asesinaron ese día y posteriores. Justo el 29 de octubre de aquel año, hace hoy 85 años de aquello, fusilaron al regidor, Cayetano Roldán.
Fue una corporación represaliada con el asesinato de todos los cargos electos que insistieron en defender el gobierno legítimo de 1936. Una fecha que marcó el inicio de la represión de todos aquellos que no aceptaron la rebelión inconstitucional de estos militares y que simbolizaron la defensa de los valores democráticos y la legitimidad de la soberanía popular que había de quebrarse por la fuerza bruta de las armas.
Eduardo Naranjo fue uno de los primeros en morir, el mismo día 10 de agosto de 1936. Dejó viuda y seis huérfanos. Socialista y masón. Falleció a los 42 años por aplicación de Ley de Guerra en El Puerto de Santa María.
El concejal de izquierda republicana Carlos Urtubey era médico y pintor. Dejó una obra pictórica de interés que se sigue cotizando, y un importante legado profesional en la facultad de medicina. Fue asesinado en El Puerto de Santa María el 10 de agosto. Dejó una viuda.
Esteban Salamero fue concejal del Frente Popular. Comunista. De 39 años de edad. Dejó un hijo natural reconocido. Le aplicaron Ley de Guerra. Fue asesinado el 11 de agosto de 1936 en el Puerto de Santa María “con motivo del Movimiento Nacional”.
Ese mismo día murió Eduardo Díaz. Socialista. Electricista de 33 años, fue pasado por las armas a la salida del Penal del Puerto de Santa María en las primeras horas del 11 de agosto. Cuando lo detuvieron venía de comprar zapatos para los niños. Se acercó al Ayuntamiento para enterarse de qué pasaba y la familia no volvió a verlo. Mantuvo algún contacto por carta con los suyos. En la última de ellas le decía a su mujer que le llevara ropa limpia porque le habían dicho que lo iban a dejar salir ya. Eso nunca ocurrió.
El 11 de agosto es también la fatídica fecha del asesinato de Antonio Ferrer. Dos hombres uniformados y armados llegaron de madrugada a casa del concejal socialista. La familia no recuerda si eran guardias civiles o falangistas. Ferrer les hizo pasar, incluso les ofreció, mientras se vestía, un café que preparó su mujer. No volvieron a verlo.
A Marcial Ruiz, concejal de Unión Republicana, le golpearon la cabeza en una de las reyertas que provocaron los falangistas durante la primavera de 1936. Uno de los pistoleros fascistas le amenazó directamente con estas palabras: “Lo que te ha pasado no es nada comparado con lo que te tiene que suceder”. Le asesinaron el 11 de agosto de 1936 en el Puerto de Santa María.
El quinto fallecido de ese día fue el escribiente de La Carraca y concejal radical-republicano Marciano González. Lo detuvieron y encerraron en el penal de Cuatro Torres junto a sus compañeros. Pasadas unas semanas, ante su ausencia del trabajo, el juez instructor de La Carraca pidió al alcalde golpista de la ciudad, Ricardo Isasi Ivison, que lo localizara. Interrogada la madre, contestó que no podía ir a trabajar porque estaba detenido, pero hacía 13 días que había sido asesinado con solo 34 años y aún soltero.
Emilio Armengod, concejal de Unión Republicana y masón, imploró desde su encierro, a través de cartas, un gesto de compasión a sus amigos y familiares directos para que avalaran su comportamiento político y moral. Nadie movió un dedo y fue asesinado el 16 de agosto de 1936 en el camino de Puerto Real al Puerto de Santa María a consecuencia de heridas de armas de fuego. Dejó viuda y cinco hijos.
El concejal comunista Juan Moreno, guardia civil retirado, de 58 años, aún esposado, se rebeló contra sus verdugos y forcejeó con ellos. Fue inútil. Acabó asesinado en un fusilamiento judicial en el barrio Jarana. Era el 17 de agosto de 1936.
Escondido evitando la detención
Al maestro con escuela propia y concejal de izquierda republicana José Lucas no lo apresaron hasta el 18 agosto de 1936. Un mes estuvo escondido evitando la detención. Al hacerlo le dieron una paliza y no ingresó en prisión, sino en el hospital de San Carlos. Diez días más tarde, el 28 de agosto, fue asesinado con escasos 28 años junto a la tapia del cementerio de San Fernando. Dejó viuda y un hijo póstumo.
A Antonio Pérez, soltero, concejal comunista, lo asesinaron en la tapia del cementerio el 10 de septiembre de 1936. Confesó antes de morir, pero se negó a recibir la absolución. Luego lo arrastraron al fondo de una fosa común.
Al sastre y concejal de Unión Republicana Luis Ramos lo detuvieron en su casa dos falangistas muy conocidos en La Isla. Lo metieron en un coche y se lo llevaron. Tampoco volvieron a verlo. Al cabo de unos meses la esposa recibió una carta de algún amigo diciéndole que había muerto ametrallado en el penal del Puerto de Santa María el 21 de octubre de 1936. Casado, al morir con 51 años dejó siete hijos.
Eladio Barbacil dejó, al ser asesinado, viuda y seis huérfanos. También le asesinarían a su padre y a su hermano. Electricista, de 45 años, falleció en el Puerto de Santa María el día 27 de octubre de 1936, al amanecer, a consecuencia de heridas por armas de fuego. Fue concejal de Izquierda Republicana y masón.
Al médico y alcalde socialista, Cayetano Roldán, lo detuvieron dos días después del Glorioso Alzamiento Nacional, el 20 de julio. Tuvo tiempo de ver cómo los fascistas apresaban a sus hijos mayores y, confiado de las buenas palabras de los sublevados, él mismo acompañó al menor de los tres hermanos hasta la cárcel municipal. Lo mataron a los 53 años el 29 de octubre en la tapia del cementerio de San Fernando. En ese momento ya sabía que habían asesinado a sus tres hijos varones, Juan, Manuel y Cayetano. Casado, dejó cinco hijos más.
El concejal socialista Juan Mantero, obrero natural de Valverde del Camino, antiguo novillero y guitarrista, acabó encerrado en el penal de la Casería de Ossio. Su hermano logró obtener de un exdiputado derechista, vecino de Valverde, una carta avalando su liberación. Se desplazó hasta San Fernando, pero cuando llegó al penal con el documento le entregaron una carta dirigida a su mujer y le espetaron: “Su familiar ya no está aquí”. Lo habían asesinado el 4 de noviembre de 1936. Tenía 41 años y dejó seis hijos.
A la esposa del concejal republicano Manuel Belizón, que le visitaba periódicamente en el penal de El Puerto, le devolvieron un día de noviembre de 1936 una manta junto con las frases que recibían todas las viudas: "No hace falta que vuelva. Su marido ya no está aquí". Fue el primer teniente de alcalde en la última corporación republicana.
Todo ello lo había contado Conrado Rodríguez.
“Como ya defendí hace algo más de un año, el 20 de septiembre de 2020, en el pleno en que se produjo el nombramiento de todos ellos como alcalde y concejales honoríficos, una sociedad democrática sana deber saber reconocer a las personas que dieron su vida por defender el espacio de libertad del que ahora disfrutamos. Y los miembros asesinados de la Corporación Municipal de San Fernando, junto a otras muchas personas, son referentes de la soberanía popular municipal que cercenaron los golpistas a través de una despiadada represión contra todos aquellos que se opusieron a sus ilegítimos propósitos”.
El reconocimiento a los que padecieron la persecución y la violencia, ya sea por razones de política, ideológica, de conciencia, de creencia religiosa, de orientación y de identidad sexual durante el período comprendido entre el golpe de estado del 36 y la guerra civil y la dictadura franquista, precisamente que se promulga en la Constitución Española, es una “obligación de toda sociedad”.
“Hoy, con sus familiares presentes, cumplimos ese compromiso y hacemos entrega de ese reconocimiento”.
El reconocimiento
Los representantes de los concejales asesinados fueron pasando por la presidencia del acto y recibiendo un pergamino enmarcado, firmando a la vez sobre el acta de la Corporación del 15 de julio de 1936. Unos hablaron y agradecieron el reconocimiento. Otros optaron por el silencio, pero entre silencios e intervenciones se dijo todo lo que se había de decir. Que ojalá la iniciativa del Ayuntamiento De San Fernando se extienda; que no ceje la búsqueda de los cuerpos de los asesinados para que reciban una sepultura digna por sus familiares y que si es posible, una vez que se recuperen e identifiquen todos los cuerpos de los concejales de aquella Corporación, se depositen en el salón de Plenos en una capilla ardiente para que todos los ciudadanos que lo deseen ofrezcan sus condolencias.
También habló Jorge Juan Cepillo Galvín, quien lo hacía en representación de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política De San Fernando (Amede), entidad promotora del acto de homenaje.
Tras narrar el sistema de terror impuesto por las armas tras el golpe de estado, dijo que ese sistema de terror no terminó con la muerte del dictador y con la Transición. La democracia actual “hunde sus raíces en la primera experiencia democrática en España que fue la primera república”.
“Los que ocupan cargos públicos deben recordar que son legítimos herederos de estos concejales que en su día fueron asesinados precisamente por eso, por representar a todo el pueblo que votaba en elecciones democráticas y elegía libremente a sus representantes”, dijo Cepillo Galvín.
“Apelo a esa conciencia para que la actual Corporación municipal y su equipo de gobierno entiendan que hasta que no saquemos al último represaliado de esa fosa clandestina, estos concejales que ahora homenajeamos como legítimos representantes de todas las víctimas que yacen en las fosas, no podrían estar orgullosos de su nombramiento. Se lo debemos a ellos y a todos los que tuvieron ese trágico destino.
La alcaldesa cerró el acto
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavaba, cerró el acto lamentando “el futuro que no pudo ser. Y revivimos unas vidas que, como le he escuchado decir al nieto de Juan Mantero, no dieron por su país, sino que les fueron arrebatadas por el simple hecho de defender con fidelidad la libertad y la democracia”.
“San Fernando, la ciudad en la que ejercían un cargo electo para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, salda una deuda con estas familias que sufrieron como muchas otras la represión golpista que, desgraciadamente, no había hecho más que empezar con los viles fusilamientos que tuvieron lugar entre agosto y noviembre de 1936. Después vinieron muchos más años de oscuridad”.
“Desde San Fernando hemos querido luchar contra el olvido, hemos querido reparar el daño, hemos querido daros a los y las descendientes de aquellos servidores públicos la oportunidad de elevar la voz y expresar el orgullo por los vuestros. Y que tuvierais, además, la oportunidad de hacerlo desde el mismo lugar en el que estuvieron juntos por última trabajando por su ciudad”.
“Estos días, leyendo las actas de los plenos municipales en los que participaron los que hoy homenajeamos, no he podido evitar sobrecogerme. Sé lo difícil que es la gestión diaria, no quiero imaginar cómo sería además en el clima convulso del año 36. Y pese a eso, Cayetano Roldán y sus ediles del Frente Popular, legítimos ocupantes de un gobierno elegido en las urnas, representantes del pueblo, hicieron en los pocos meses en los que pudieron ejercer su cargo todo lo posible para intentar transformar su ciudad y la sociedad en la que vivían”.
“Tuvieron tiempo de apostar por la justicia social, de crear centros de enseñanza comprometidos con la alfabetización y la educación laica, de pedir a los dueños de las fincas que las arreglaran en beneficio de los obreros, de establecer un precio regulador para la venta de pan, de implantar medidas de asistencia social, de auxilios médicos y de jubilaciones para los obreros... Esos fueron los delitos que cometieron"
"Hoy, frente a la barbarie, yo, como Blas de Otero, pido la paz y la palabra para así usarla, 85 años después, y hacer justicia. Para que 85 años después podamos restituir la dignidad de unos hombres que no temieron significarse pese a la violencia latente, y que fueron asesinados por sus ideas, por defender los valores democráticos y la legitimidad de la soberanía popular frente a los golpistas. Por ser servidores públicos”, siguió diciendo Cavada.
“Esta ciudad tenía una deuda con la Corporación elegida democráticamente en el año 36, y me alegra que haya sido la actual Corporación que presido, la que haya aprobado en pleno hace un año, y ahora hecho efectiva, esta entrega de honores a estos hombres buenos cuyo único delito fue creer que el ejercicio de la política y la sana contraposición de ideas sirven para mejorar la vida de las personas y para hacer progresar un país”.
Cavada agradeció a la Asociación Amede, y a todos sus integrantes, el empeño y el trabajo para hacer realidad este reconocimiento y por luchar por la memoria democrática en la ciudad. “Hay que tomar partido, hasta mancharse, escribió Gabriel Celaya. Hoy aquí lo hemos hecho. Porque compartimos la certeza de que hay que conocer bien todos los entresijos de la historia para no repetirla. Y pienso, sobre todo, en esas nuevas, generaciones a las que los años aciagos de la dictadura les quedan muy lejos.
“Emilio, Eladio, Manuel, Eduardo, Antonio, Marciano, José, Juan, Eduardo, Juan, Antonio, Luis, Marcial, Esteban, Carlos, Cayetano...
San Fernando no va a permitir que se olviden vuestros nombres”.
