Desde la representación sindical de UGT en el comité de empresa de Claros SCA, mayoritaria en la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de San Fernando, se han hecho públicas las primeras denuncias que se han presentado ante los numerosos, graves y continuos incumplimientos del contrato suscrito por la alcaldesa para la prestación de este servicio.

Señalan desde el sindicato que “desde el principio del contrato, el 16 de marzo de 2019, se vienen produciendo diversas irregularidades en la prestación del contrato, las cuales han afectado a los derechos de la plantilla, de los usuarios y de los ciudadanos en general, y que han mermado en muchos casos la calidad de la prestación del servicio”.

Todas estas irregularidades han ido siendo presentadas, tanto a la empresa, como al equipo municipal de gobierno, “en las escasas reuniones que se han podido mantener en estos casi tres años. De hecho, la propia Patricia Cavada aún no ha tenido un huequito en su agenda para atender a las 150 trabajadoras del servicio desde que accedió al cargo en 2015, tratándose además de la empresa en la que trabajan más mujeres de todo San Fernando”.

Lamentan asimismo “el desinterés y la apatía con la que tanto Jaime Armario como Virginia Barrera, han recibido sus quejas y denuncias. A pesar de que es suya la responsabilidad, tanto de haber contratado a Claros SCA, como de hacer cumplir el contrato que firmaron. Cumplimiento a todas luces defectuoso como puede verse con solo preocuparse de comparar lo firmado con lo que realmente se está ofreciendo por parte de la empresa concesionaria. Sorprende que nadie en el Ayuntamiento se haya preocupado por hacer un seguimiento del cumplimiento del contrato”.

            En la primera de estas denuncias se ha puesto de manifiesto la falta de cumplimiento de la empresa entre lo que tendría que dar de vestuario a la plantilla y lo que realmente da. Existe un informe económico del propio Ayuntamiento en el que se basa el precio por el que se oferta este contrato en el que desglosan los gastos que deberá afrontar la empresa que consiga la concesión de la ayuda a domicilio. Uno de esos gastos es el de proporcionar un vestuario adecuado y suficiente a las trabajadoras.

Dicho informe económico, que forma parte del expediente de contratación que aparece en la Plataforma de Contratación del Estado, agregamos el link del mismo:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/13b0cf2a-f113-4053-8f7a-20672f686a4e/DOC20181011141032INFORME+ECONOMICO+SC+55+2018.pdf?MOD=AJPERES

En el mismo aparece desglosado el vestuario que deberá proporcionar la empresa adjudicataria a todo el personal, que en aquellos momentos constaba de 135 trabajadores. La realidad es que desde que se inició el contrato el 16 de marzo de 2019, jamás se ha cumplido esta obligación por parte de la empresa, ni se le ha hecho cumplir por parte del Ayuntamiento.

Han realizado un cuadro resumen entre lo pagado por el Ayuntamiento a la empresa en este concepto de vestuario, y lo que realmente han recibido las trabajadoras del servicio.



Según el sindicato existe un desfase de 142 euros por trabajador/año entre lo real y lo que está incluido en el precio del servicio. Esa falta del vestuario adecuado y suficiente ha sido suplida en la mayoría de los casos por las propias trabajadoras, usando su ropa personal (e incluso adquiriendo de su bolsillo otras partes del vestuario como pantalones, camisetas, polos, chubasqueros, etc…). En este servicio se trabaja con productos de limpieza, con productos corrosivos y muchas veces con todo tipo de fluidos corporales de los usuarios y una bata de mala calidad como la proporcionada no puede evitar que manche el resto de la ropa que se usa durante el servicio.

Existe por tanto un desfase apreciable entre lo que está obligada la empresa a proporcionar y lo que realmente proporciona:

186 euros x 135 trabajadores = 25.110 euros anuales, tal y como calcula el informe económico municipal, frente a 42 x 135 = 5.670 que es lo que calculan que la empresa ha gastado en vestuario del personal al año.

La diferencia es de 19.440 euros anuales que el Ayuntamiento, del dinero de los isleños, paga a Claros SCA por algo que no reciben las trabajadoras y que están obligados por contrato a proporcionar.

Existen además dos ampliaciones (una aún por publicar oficialmente) del contrato por valor de 837.309 euros (30/12/2020) y de 1.465.290,75 euros (23/09/2021). Ambas suman 2.302.599,75 euros más al contrato original. Y en el precio que se va a pagar por ambas, también va incluido su parte correspondiente para pagar este concepto del vestuario que no se cumple por parte de la empresa.

Por tanto, podemos afirmar que durante los tres años de contrato más las dos ampliaciones de dicho contrato que ha realizado el equipo de gobierno municipal, el montante del incumplimiento por este concepto por parte de CLAROS SCA, puede ser de más de 100.000 euros en total. Dinero que ha engrosado el bolsillo de la empresa, sin que esta haya cumplido con su obligación contractual, y sin que nadie en el Ayuntamiento haya controlado ni exigido el cumplimiento del mismo. Y ello, a pesar de las reiteradas ocasiones en las que la representación sindical de las trabajadoras ha alertado de esta circunstancia a los concejales encargados del tema.

Esta es solo la primera de las denuncias que han presentado ya ante la inspección de trabajo, y que irán desglosando y exponiendo públicamente en los próximos días.