La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha querido mostrar su apoyo expreso al sector del taxi de San Fernando, que da sustento a un total de 68 familias en la ciudad, y que se encuentra en estos momentos en una encrucijada por la decisión unilateral de la Junta de Andalucía de regular el sector de los Vehículos con Conductor (VTC), que puede incurrir en desigualdades y suponer una competencia desleal para este servicio.

Cavada ha puesto de relieve que el taxi es un servicio público esencial y fundamental, que siempre se implica en cada iniciativa que es ventajosa para la ciudad, y que está sujeto a autorizaciones administrativas, así como a regulaciones de tarifas estrictas, ya que es una actividad controlada y con revisiones periódicas. Del mismo modo, ha recordado que este sector está formado por autónomos y pequeñas empresas, y siempre apuesta por la calidad del empleo y por hacer todos los esfuerzos posibles para ofrecer el mejor servicio posible.

Es decir, se trata de un servicio público que puede garantizar los mínimos de calidad en la prestación, y que tiene muy presente la protección de los derechos del consumidor.

Frente a ello, el sector de los VTC parte de otras exigencias que impiden que haya una igualdad de condiciones y que ponen en peligro y suponen una amenaza para la supervivencia del taxi.

La regidora tiene claro que esa nueva regulación de la que habla la Junta de Andalucía debe proteger a las 68 familias que viven del taxi en nuestra localidad y evitar perjuicios a este sector que contribuye al crecimiento y al sostenimiento de los servicios públicos en San Fernando, puesto que cumple una labor que en otros casos no se podría dar.

Cavada también ha exigido a la Junta de Andalucía que escuche al sector, que se siente engañado; que sea más transparente, se deje de oscurantismos y les haga llegar al menos un borrador de la normativa que está preparando, y de la que solo tienen noticias por la prensa, para que puedan presentar aportaciones o alegaciones; que tenga sensibilidad con estos autónomos y pequeñas empresas a los que va a perjudicar con esta regulación por la vía de urgencia; y que busque la igualdad de condiciones real como se ha hecho en otras regiones, que sí han establecido limitaciones y una diferenciación clara entre ambos servicios.