Además del cazador cazado que pedía que se consumieran productos andaluces y bebía agua del Manantial de San Antonio de Requena, provincia de Valencia, poco puede avanzar la ciudad con tan escaso bagaje de gestión en el Pleno de enero que parecía subir la misma cuesta, o más empinada, del cada vez mayor número de parados.
La propuesta de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento respecto a los puestos de mozo de mercado adscritos a la Delegación de mercados y venta ambulante se aprobó con los votos del Gobierno bipartito, Ciudadanos e Izquierda Unida y el voto en contra del PSOE.
Esa modificación, que ya viene del año 2009 cuando no se aprobó por el Pleno, va a suponer un ahorro de 9.500 euros anuales al Ayuntamiento y que es interpretado de dos formas distintas. Por parte del equipo de gobierno en que se trata de un ahorro para las arcas municipales; y por parte del PSOE, en que se trata de que los mozos de mercado cobren menos además de modificarse la Relación de Puestos de Trabajo del año 2000 y obedecer todo a una mala planificación en la gestión de los mercados.
También contó con los votos suficientes la aprobación definitiva de las Normas de Régimen Jurídico y Funcionamiento de la Comisión Municipal de Patrimonio de San Fernando, un instrumento del Ayuntamiento de San Fernando para gestionar las licencias de obras en la ciudad y la aplicación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico en los niveles 3, 4 y 5.
En realidad las objeciones no fueron contra la creación de esa comisión, sino contra el Peprich en general que es un plan que viene generando rechazo, por su encorsetamiento, desde incluso antes de nacer y que tanto Izquierda Unida como Ciudadanos volvieron a criticar por no permitir el desarrollo económico del centro histórico.
El PSOE, a través de Patricia Cavada, dejó caer otra circunstancia fuera de cartel, el hecho de que sólo fueran al Pleno dos puntos resolutivos y además, uno, el de los mozos de mercado que comenzó en 2009 y otro, el del Peprich, mucho antes, lo que para los socialistas dice muy poco de la capacidad resolutiva del Gobierno.
Sobre la Comisión en concreto, Cavada dijo que efectivamente se ha dado un paso más pero que lo importante es el trabajo de los miembros de la Comisión, a los que pidió que sean “sensibles y sensatos” a la hora de decidir sobre las autorizaciones en la zona protegida de la ciudad. “No es sólo para proteger el Casco Histórico sino también para potenciar y dinamizar el centro”.
Fueron los dos únicos puntos resolutivos -como bien apuntaba el PSOE- en una sesión marcada por las mociones de los grupos políticas. O dicho de otra forma, un Pleno vacío de contenido administrativo y pródigo en política en el que los capitulares tuvieron la ocasión de acusarse mutuamente de todos los males del mundo durante casi tres horas, hasta las 12.30 horas.
Mociones
La moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando al Gobierno bipartito de la Junta de
Andalucía a la ejecución urgente del acceso a la ciudad desde la CA-33 a la avenida Constitución por detrás del antiguo polígono de Tiro Janer fue un toma y daca del PP y del PSOE.
El primero criticando que la Junta se haya gastado el dinero de ese ramal en otras cosas cuando era una de las contraprestaciones por las obras del tranvía, mientras el PSOE reconocía que todo el mundo estaba recortando, además de que el Ministerio de Fomento, del Gobierno del PP, está tres cuartos de lo mismo con el nudo de Fadricas, parado y sin que nadie sepa qué se va a hacer. O con el soterramiento de la CA-33 por la estación.
La guinda a la polémica, de todas formas, la había puesto el portavoz del Izquierda Unida incluso antes de que se moldeara el pastel, al anunciar que la Junta no iba a asumir obras nuevas y se iba a limitar a terminar las que están empezadas.
La polémica estuvo tanto en la necesidad o no de ese ramal de la autovía con la avenida de la Constitución como en la estética de un platillo volante dando la bienvenida a los que llegan a San Fernando desde Cádiz. Todo ello aderezado con el hecho -decía Reyes- de que en el PGOU nuevo se ha pintado un proyecto que no es el que pensaba hacer la Junta, con lo que primero hay que ponerse de acuerdo en lo que se quiere. Socialistas e Izquierda Unida se abstuvieron y el resto de los grupos votaron a favor de la moción.
La moción que presenta el Grupo Municipal Popular instando al Gobierno de España a prorrogar el Programa de Recualificación Profesional (Plan Prepara) a las personas que agoten su prestación por desempleo estaba fuera de lugar y sonó más a un ejercicio de autocomplacencia que a una reivindicación al Gobierno de Rajoy.
Y es que el Gobierno había anunciado el día antes que lo iba a mantener hasta que el paro baje del 20 por ciento, obligado por la realidad de los casi seis millones de parados que ha señalado la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto es, que lo normal es que se hubiera retirado del orden del día. Por menos no se debatió una moción del PSOE sobre empleo. No se admitió en la moción la propuesta de IU para que el Prepara no se eliminara hasta que se acabe la crisis. Se aprobó por unanimidad.
La primera de las mociones presentadas por el Grupo Municipal Andalucista exigía a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para que retome el convenio suscrito con el Ayuntamiento para la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en la parcela cedida por el Consistorio en la avenida Constitución.
Pedro Reyes recordó al portavoz del PA, Francisco Romero, que se olvidó en la moción de mencionar que el PP quiere eliminar los Juzgados de San Fernando y que el Gobierno central ha disminuido las aportaciones a la Junta en esta materia, mientras que el portavoz de Ciudadanos defendió la instalación de los Juzgados en el centro de la ciudad, donde están todos los despachos de abogados y demás infraestructuras.
Los socialistas manifestaron -al hilo de la moción del PA que recordó que la Junta ha pedido al Ayuntamiento locales para alquilar e instalar provisionalmente los Juzgados en el centro- que no se trata de un parche, sino “una solución muy buena” teniendo en cuenta lo que se tarda en poner en marcha el proyecto en Constitución, incluso si no hubiera crisis y se pudiera comenzar. Al final sólo Ciudadanos votó en contra de la moción.
En la segunda, los andalucistas instaban a la Consejería de Comercio, Deporte y Turismo de la Junta de Andalucía a que inicie los contactos y los trámites con otras administraciones y con las asociaciones de comerciantes y consumidores para desarrollar acciones conjuntas para promocionar e incentivar el consumo de productos andaluces entre los comercios tradicionales.
Se trata de una moción que los andalucistas están llevando por todos los ayuntamientos a favor de los productos andaluces y que se aprobó por unanimidad, aunque provocando la anécdota de la mañana.
El concejal socialista Conrado Rodríguez le llamó la atención a Romero, que forma parte del Gobierno municipal, por defender los productos andaluces cuando el agua embotellada que había sobre la mesa procedía de Valencia. Y eso después de que otros portavoces, como Cano, le dijeran que además de ser andaluces, la prioridad es que sean buenos, porque lo contrario sería exclusivo con respecto a otras regiones de España. Unanimidad, como no podía ser menos y el concejal andalucista que tomó nota -se supone- del agua del Manantial de San Antonio de Requena.
Visto que al PSOE no le dejaron presentar la moción sobre medidas para contratar parados en las obras municipales, los socialistas se tuvieron que conformar con dos mociones. La primera proponiendo que se realicen las gestiones administrativas necesarias para que se adopte un acuerdo que garantice la participación efectiva de la ciudadanía en la elaboración de los Presupuestos Municipales.
Para el Gobierno municipal, en boca del delegado de Hacienda, la participación es constante como lo demuestra que “ningún ciudadano se ha quejado de nuestros presupuestos”, a lo que los socialistas respondían que una cosa era ponerlo en el tablón de anuncio y otro explicarlos. La moción se rechazó con los votos del Gobierno y la abstención de Ciudadanos, mientras PSOE e IU la apoyaban.
En medio de la polémica política sobre lo participativa que es la Junta en sus presupuestos y que el Ayuntamiento ni siquiera ha sido capaz de aprobar los suyos –al menos este año la afirmación de Raposo de cumplirá a rajatabla- el lamentable espectáculo del concejal del PP criticándole a Cavada que su nuevo trabajo no le deja tiempo para los asuntos de La Isla, Cavada diciendo que la Presidencia de la Diputación no le deja tiempo a Loaiza para atender la Alcaldía y que el propio Raposo tiene su trabajo particular por las tardes.
La segunda moción que presentaba el Grupo Municipal Socialista proponía la realización de las gestiones administrativas necesarias para que el Ayuntamiento, “en todas sus dependencias”, ponga en marcha un servicio de atención a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en lengua de signos.
Ahí sí hubo contemporización -después de criticarse socialistas y populares a ver quién era mejor o quién era peor, claro está- de todos los grupos, aunque se especificó que no hacía falta una persona en cada departamento municipal, sino que todos los departamentos contaran con una persona con esas cualidades. O sea, no contratar o preparar a veinte, sino a los suficientes para atender la demanda.
Ciudadanos
La primera de las mociones de Ciudadanos por San Fernando pedía que se inste a las administraciones competentes a que lleve a cabo, si fuera posible, la rehabilitación de los dos búnker de la playa de Camposoto, que se encuentran en un estado peligroso ante un posible derrumbe y en un estado lamentable de suciedad.
Todos los grupos se mostraron a favor de una rehabilitación, porque forman parte del paisaje de la playa y además tienen catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) en el Plan General de Ordenación, antes que una eliminación de ellos. Se inicia el procedimiento con una disertación de la concejala popular Úrsula Ruiz que casi era una declaración a amor político a Javier Cano.
La segunda moción de los concejales Javier Cano y Mayte Mas proponía que el Ayuntamiento de San Fernando promueva la instalación de un mercadillo de venta ambulante, con el nombre de Rastrillo de La Isla, los domingos, en la Calle Real o en la que se considere por el Ayuntamiento más conveniente.
La conclusión de los grupos políticos es que, primero, habría que preguntar a los comerciantes que podrían verse afectados, aunque fuera un mercadillo dominical. Además de ser una iniciativa que debería debatirse en la Mesa del Comercio.
El PP ofreció una transaccional al Ciudadanos para que se tratara de venta de objetos usados, con lo que en cierto modo se daría carta de legitimidad a los cada vez más puestos que se están instalando en la zona de la Alameda Moreno de Guerra.
Izquierda Unida sólo presentó una moción proponiendo que el Ayuntamiento acuerde declarar el término municipal de San Fernando como municipio libre de deshaucios.
Se trataba, también, de una moción tipo que IU está presentando en todas las poblaciones donde tiene representación municipal ante la lacra en que se ha convertido la ejecución de hipotecas por los bancos, muchos de ellos salvados con dinero público.
Se trata, de todas formas, de una propuesta cuyo enunciado primero y principal se puede interpretar de muchas maneras y así consta en que en distintos municipios se ponen en marcha medidas distintas, aunque todos están conformes en que no haya desahucios de viviendas públicas.
Lo que también habría que definir es qué medios tienen que poner los ayuntamientos y si los ayuntamientos cuentan con esos medios, según el resumen del portavoz del Ciudadanos. Sin olvidar que cuanto IU propone que las personas desahuciadas puedan alojarse en viviendas municipales, supondría un agravio comparativo con las personas que están en lista de espera para conseguir una vivienda de este tipo.
El portavoz del PA y presidente de Esisa defendió el trabajo de Esisa, de la misma forma que defendió que no se pueden dejar de pagar los alquileres porque iría contra el equilibrio económico de la empresa. Romero dijo que la empresa municipal ha resuelto los problemas en el 99 por ciento de los casos.
La viceportavoz del PSOE, Araceli Maese, hizo un repaso de las muchas medidas que pueden tomar los ayuntamientos en la lucha contra los desahucios, mientras que por parte del Partido Popular, el portavoz, Daniel Nieto, dijo que mientras el Gobierno central ha puesto en marcha medidas para ayudar a las personas que han perdido su vivienda, IU “con la ayuda del PSOE, echa mano de la literatura y nos pide que declaremos a esta ciudad libre de desahucios”.
Para Nieto, lo que esperan los ciudadanos es que cada uno haga lo que debería hacer y “hay una Consejería de Viviendas de la Junta de Andalucía que no hace viviendas”. El portavoz popular dijo que lo que único que pretende IU es poner a los ayuntamientos al frente de lo que es “responsabilidad de la Junta”. La moción la tumbó el Gobierno municipal bipartito, mientras PSOE, IU y Ciudadanos votaban a favor.
