La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de San Fernando considera que la reforma que propone el Gobierno supone un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de trabajo y la supresión de los correspondientes servicios públicos, sin información ni evaluación del impacto real tanto en la efectiva prestación, extensión y calidad de los servicios públicos, como en el empleo asalariado afectado.
El conjunto de las disposiciones contenidas en el anteproyecto de ley contienen medidas de control, básicamente estatal, con consecuencias de carácter coactivo y punitivo, que abarcan desde la restricción al acceso a los ingresos procedentes del Estado o la pérdida de autonomía fiscal, hasta la intervención de la gestión o la supresión forzosa de entidades y organismos, en función de su forma jurídica, de su función económica o de su tamaño, especialmente en las entidades locales de menor población, considerando exclusivamente este parámetro.
Este enfoque, a juicio de CCOO, limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado español el 20 de enero de 1988.
El anteproyecto ignora conscientemente la competencia autonómica en ordenación del territorio y coordinación de las administraciones locales, renunciando a criterios de racionalidad en la configuración del parque de entidades locales, tomando como única referencia la variable poblacional.
En consecuencia, al abordar la reforma desde la perspectiva exclusiva del control de gestión y reducción del gasto público, el anteproyecto tampoco aborda la necesaria reforma de las haciendas locales para asegurar una suficiencia financiera no supeditada al ciclo económico expansivo de las actividades vinculadas a la gestión y ordenación del suelo.
En cuanto al objetivo declarado en el anteproyecto de “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, el sindicato opina que constituye una declaración de carácter ideológico y partidario. “Su traslado al ordenamiento jurídico, en estos términos y sin matices, pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público subsidiaria de la iniciativa privada”, añaden desde CCOO.
