Izquierda Unida de San Fernando solicita que se incluya en el orden del día del próximo Pleno incluir este tema en el Orden del Día del próximo Pleno la retirada de la conocida como Ley Mordaza estatal. "De acuerdo con esta ley, las últimas concentraciones y movilizaciones sucedidas en nuestra ciudad podrían ser ilegales, como las manifestaciones de Navantia o la marcha de taxis contra el cierre del Cefot", afirma Gonzalo Alías.
Del mismo modo, IU busca consensuar "un debate entre las fuerzas políticas para elaborar democráticamente un texto que regule la seguridad ciudadana como un problema social y no como medio de represión". También solicita la "dimisión" del ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, promotor de esta ley, que incluye las conocidas “devoluciones en caliente” en su articulado.
La Ley Mordaza es el nombre por el que se conoce a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. "Su texto sólo ha sido aprobado por el Partido Popular, mientras que toda la oposición ha votado en contra. Aunque se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, está en vigor desde el pasado 1 de julio, pudiendo reprimir la protesta que las autoridades estimen. A día de hoy, las infracciones penales tipificadas como faltas pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve", indica Alías.
"La potestad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas -hasta 600.000€ para las infracciones muy graves- y la fijación al reglar conductas habituales en las protestas definen a esta Ley como la Ley Mordaza, afirma el portavoz de IU, quien recuerda que "también legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación, recogidos en la Constitución como derechos fundamentales".
Para IU, "la Ley Mordaza del Partido Popular fomenta atentar contra derechos y libertades democráticos, encorsetados en procedimientos sancionadores para impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político. La democracia es expresión y la seguridad, protección de libertades públicas, no cercenamiento. Esta Ley crea un estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, inadmisible en un país democrático".
Izquierda Unida, en conclusión, considera "combatir los delitos de forma integral, con educación, promoviendo una vida digna con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo".
