El presidente del PP de San Fernando, José Loaiza, ha solicitado al gobierno municipal la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico y Gestión Tributaria al objeto de trabajar en la aclaración de distintos asuntos que "empañan" la gestión que hace del dinero público el Gobierno que encabeza la socialista Patricia Cavada.
“Vivimos una etapa muy opaca en este Ayuntamiento en todo lo concerniente a la utilización del dinero de todos los isleños por parte del gobierno PSOE-andalucistas. A las situaciones irregulares que ya hemos denunciado, al parecer se suma ahora otra nueva que, cuando menos, es muy extraña. Tenemos conocimiento –señaló Loaiza-de la realización de retenciones de crédito no autorizadas e incluso de servicios que no se han realizado, llevadas a cabo por personas no competentes que se han introducido en el sistema informático. Algunas de estas retenciones han seguido el procedimiento de pago, abonándose el importe de las facturas, y otras no. Queremos saber si esto es cierto, pues, de serlo, estaríamos ante un nuevo robo al Ayuntamiento de San Fernando".
A este asunto se sumaría otro que sigue sin aclararse. La ‘Gran Nevada’. “Hemos denunciado el fiasco que supuso –en todas sus vertientes- la denominada ‘Gran Nevada’, de las Navidades de 2015-16”, recuerda. La falta de un informe detallado con respecto al supuesto asesoramiento que se llevó a cabo o el listado de canciones cuyo selección costó 250 euros. Resulta llamativo que se quisiera abonar (ya que al ser una factura sin consignación presupuestaria se tuvo que elevar a pleno y fue rechazada por el resto de grupos) una cantidad de 17.847 euros por unos conceptos que no tienen sentido como es el caso del pago de la Seguridad Social de trabajadores externos al Consistorio.
Una prueba más de la duda que persigue la gestión económica de Cavada es el denominado ‘Manual de Paisajismo’, cuya elaboración se adjudicó en 2016 a una empresa de Madrid. El procedimiento para la contratación fue puesto en entredicho puesto que se realizó mediante invitación a tres empresas, entre las cuales no había ninguna de San Fernando, el gobierno de Patricia Cavada no invitó a participar en este concurso a ninguna empresa de la localidad, ni profesional liberal ni gabinete de arquitectura. El gobierno PSOE-andalucistas requirió presupuestos a una empresa de Granada y a dos de Madrid que presentaron el mismo domicilio: una auténtica casualidad.
Finalmente fue una de las empresas madrileñas la que se lleva "el gato al agua". Esta mercantil “no existía” en el momento en el que Cavada anuncia la intención de redactar un ‘Manual de Paisajismo’ (verano de 2015), “por lo que deducimos que no habrá sido contratado por su trayectoria y experiencia en la materia que es, más bien, poca. Además esta empresa se dedica también a la venta de mobiliario urbano. No deja de ser curioso que quien va a decir el mobiliario urbano que le conviene a La Isla venda a su vez ese material. También tiene mucho que explicar el gobierno municipal a este respecto”, asevera José Loaiza.
El nuevo despacho
La adaptación del Museo Histórico a despacho de la alcaldesa también forma parte del ‘lado oscuro’ de la gestión de Patricia Cavada. La obra salió a licitación por 181.747 euros adjudicándose finalmente por un importe de 130.000 euros. Pero una vez hecha la obra la empresa liquidó el 10 por ciento más, que permite la ley por los denominados ‘excesos de medición’, suponiendo un incremento sobre el precio pactado de 13.000 euros. Por su parte, la Intervención Municipal ya señaló que “no ha lugar a este tipo de incrementos en el precio, puesto que los trabajos de más que se han realizado en el edificio del antiguo Museo no se recogían en el proyecto de obra y, por tanto, deberían haber sido objeto de un nuevo procedimiento de contratación”.
Otras de las irregularidades detectadas corresponde a otros contratos que, curiosamente, no estaban previstos en el proyecto de adaptación del Museo en despachos, era la red de voz y datos (telefonía e internet) o la limpieza de final de obra, entre otros. Son contratos que deberían haber quedado recogidos en el proyecto de adaptación del edificio, por lo que la Intervención sostiene que, conforme a la ley, existe fraccionamiento de contrato.
A todo ello hay que sumar la mudanza, adaptación del ‘Padre Franco y otras actividades que hacen que el presupuesto del nuevo despacho supere los 200.000 euros y entonces haber sido una contratación abierta a más empresas y no un negociado sin publicidad con lo cual también, y según la Intervención, se comete irregularidad.
“Todo ello nos dice que se está intentando conculcar la Ley de contrataciones de administraciones públicas y se está intentando que haya la menos publicidad posible para que no concurran todas las empresas que lo deseen”.
Hay que sumar a esta relación de asuntos "irregulares" una actuación ligada al mundo del arte. Con motivo de la conmemoración del XXV aniversario de la muerte de Camarón, el gobierno local programó la celebración de un espectáculo flamenco en la Plaza de Toros –un equipamiento privado- denominado ‘Farruquito y familia’, abonando el Ayuntamiento parte del coste de la actuación. El espectáculo no fue gratuito, se cobraron entradas para presenciarlo, desconociéndose el destino de la recaudación ya que fue a parar a las arcas municipales.
Por último, el líder del PP aludió a otro asunto extraño. El gobierno de Cavada lleva a pleno unas facturas por importe de 60.000 euros de un servicio que se ha realizado sin mediar contrato, el de recogida de animales abandonados. “Por tanto se ha desarrollado un servicio público de manera totalmente irregular”, afirma. “Se negó entonces la existencia de ese contrato verbal, y ahora se emite un Decreto para anular dicho contrato”.
Estos son algunos de los asuntos cuya investigación y aclaración deben tratarse en el seño de la Comisión Municipal que reclama el PP. “Queremos que los isleños sepan cuál es el destino de su dinero y de qué forma lo gestiona el gobierno PSOE-andalucistas. Es un ejercicio de transparencia al que no pueden negarse”, concluyó.