“La situación no solo no mejora, sino que además crece el temor entre los trabajadores de que la intención de la empresa RMD sea despedir a toda la plantilla en represalia por las movilizaciones que están llevando a cabo”. Ernesto Díaz, coordinador de Podemos San Fernando, ha señalado los “despidos improcedentes que la empresa concesionaria del servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones municipales está cometiendo”, que además pone como excusa para justificar estos despidos “un error en una información de un medio de comunicación para iniciar el despido de, hasta ahora, cuatro vigilantes”. “Se trata de trabajadores que han denunciado públicamente las irregularidades de la empresa en el pago de salario y en la aplicación del convenio”.
El coordinador ha exigido que el PSOE medie “en la situación de indefensión de estos trabajadores” y exige al gobierno de Patricia Cavada “que dé un plazo de 24 horas para que la empresa revoque los despidos injustos que ha llevado a cabo y lleve a juicio a la empresa por todos los abusos laborales cometidos o la renuncia de Conrado Rodríguez para que deje a otra persona gestionar el asunto”. Díaz pide también unidad a todos grupos municipales, que se posicionen a favor de los trabajadores y en contra de la empresa, y se siga apoyando las movilizaciones que la plantilla está llevando a cabo cada viernes a las puertas del Ayuntamiento.
El nuevo contrato de seguridad y vigilancia salió a licitación la semana pasada, un anuncio que para el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, “solventa” la situación laboral de los 13 trabajadores dependientes de la empresa concesionaria RMD. Una reacción que llega con “retraso” -después que la formación haya presentado tres mociones al pleno municipal pidiendo al equipo de gobierno que solucione la situación de estos trabajadores-, y que se resolverá definitivamente a finales de año.
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El presidente del PP de San Fernando, José Loaiza, ha mostrado su rechazo al despido de tres (a lo largo del día la cifra ya se elevaba a cinco) trabajadores por parte de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de las dependencias municipales.
Según ha trascendido, la citada mercantil se encuentra actualmente muy cuestionada por el trato laboral que ofrece a su plantilla, tal y como vienen denunciando públicamente tanto los propios afectados como los sindicatos.
“Creemos que ya es hora de que el gobierno municipal de PSOE y andalucistas abandone el inmovilismo y tome cartas en este asunto. Es la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cabada, la que debe exigir a la empresa explicaciones ante una conducta supuestamente irregular que contravendría tanto el contrato del que fue adjudicataria como, si es el caso, el propio Estatuto de los Trabajadores”, afirmó Loaiza.
El edil popular quiso igualmente mostrar su total apoyo a los trabajadores que han sido despedidos y al resto de la plantilla que presta sus servicios en el Ayuntamiento, en total 18 vigilantes de seguridad. “Hemos conocido estos hechos de primera mano, y sólo podemos decir que nos ha sorprendido tanto la actitud de la empresa como la falta de interés y diligencia del gobierno municipal. Estos trabajadores, aparte de ser excelentes personas, han desarrollado, hasta donde tenemos constancia, un buen trabajo al municipio a través de la labor que tienen encomendado. No es normal que reciban este trato ni por parte de su empresa ni del propio gobierno que preside Patricia Cavada. Exigimos la total implicación municipal y una solución justa a este conflicto. Si Cabada no se pone del lado de los trabajadores es cómplice de las actuaciones de la empresa. ”.
Postura del Gobierno local
Ante la situación laboral que se mantiene actualmente en la empresa adjudicataria que desempeña las funciones de vigilancia y seguridad en las dependencias municipales, el equipo de gobierno quiere informar que, desde hace ya meses, y concretamente desde el primer momento en el que comenzaron a surgir las discrepancias entre ambas partes, permanece en contacto directo con éstas, con el objetivo de desempeñar el papel de intermediación que en este caso le corresponde a la administración.
Ante los últimos acontecimientos y comunicaciones de despido, el gobierno municipal ha intensificado estos contactos manteniendo reuniones entre ambas partes con el objetivo de llegar a una solución satisfactoria para los trabajadores, para la empresa y para la ciudadanía de San Fernando, que también se ve afectada por los hechos que están sucediéndose derivados de este conflicto.
El gobierno local considera que, cuando se dan circunstancias laborales de esta índole, lo acertado es actuar con prudencia y sensatez, evitando manifestaciones públicas en uno u otro sentido y acusaciones que dificulten las gestiones que se están llevando a cabo para solventar la situación actual. Por este motivo, el equipo de gobierno hace un llamamiento para que se actúe en este sentido por todas las partes no sólo afectadas directamente por el conflicto, sino también por todas las organizaciones y representantes, especialmente públicos. Sólo desde una postura en la que se muestre unidad por todas las partes se puede alcanzar una solución efectiva a esta situación.
