Cuando ya está casi todo dicho sobre quién es quién en la tasa que quiere cobrar el Consorcio Bahía de Cádiz por el tratamiento de los residuos sólidos, todavía no se ha explicado por qué el Gobierno municipal de San Fernando, que sí pagó directamente a la empresa el dinero correspondiente a 2015 no ha seguido pagando los dos años siguientes al menos, el 2016 y el 2017.
Lo que menos puede justificar el Gobierno municipal de San Fernando, formado por socialistas y andalucistas, es falta de información sobre el mismo y lo que más se puede pensar es en una obsesión por terminar el mandato con un superávit que les permita hacer obras a tutiplén de cara a las elecciones municipales del mes de mayo de 2019.
Y no pueden decir que no estaban enterados de que había que pagar esa tasa porque resulta que el interventor del Consorcio Bahía de Cádiz es el mismo que el del Ayuntamiento de San Fernando, José Antonio López Fernández, al que el ex alcalde José Loaiza premió en 2013 con un nuevo cargo en el ente supramunicipal siendo Loaiza presidente de la Diputación de Cádiz. Todo ello a un interventor al que se le reclaman 105.847 euros como responsable subsidiario del robo de la Caja del Ayuntamiento de San Fernando.
Mientras que otros ayuntamientos sí lo han estado pagando de diferentes maneras, como por ejemplo el de Chiclana que desde 2017 lo paga a través de una subida del 4 por ciento en la tasa de basura -o sea, que lo pagan los ciudadanos- el de San Fernando se ha quedado esperando a última hora y a anunciarlo con tanta torpeza que exige un pago con carácter retroactivo a las puertas de unas elecciones autonómicas.
No es de extrañar que ante tanta incompetencia en la gestión y en la política el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, pida ahora un informe jurídico para saber si la tasa es legal -después de que este periódico adelantara las declaraciones del gobierno de Chiclana- y que la alcaldesa haya puesto la marcha atrás pidiendo que se paralice la tasa.
La alcaldesa, Patricia Cavada, ha anunciado este viernes que ha solicitado al Consorcio Bahía de Cádiz y al Servicio de Recaudación Provincial de la Diputación, la “paralización inmediata” del cobro de la tasa consorcial de tratamientos de residuos a los isleños e isleñas.
Además, y al margen del informe ya encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que confirmen la legalidad de la mencionada tasa, la regidora isleña también ha anunciado que se ha dado inicio a un expediente “para valorar la posición de San Fernando con relación al Consorcio y evaluar el tratamiento más eficiente de los residuos urbanos y de su financiación”.
Lo anterior, según ha explicado la alcaldesa isleña, ha venido motivado por la “deficiente” gestión por parte del Consorcio Bahía de Cádiz (CBC) y del Servicio de Recaudación Provincial de la Diputación en relación a la falta de información previa de las comunicaciones telemáticas que han ido llegado a los vecinos y vecinas de la localidad anunciando el cobro de la tasa, y también debido “al retraso en el pago de esos recibos que, además, fueron acordados en 2014 por José Loaiza, cuando era presidente de la Diputación de Cádiz, del Consocio, y también alcalde de San Fernando”.
Tal y como ha asegurado Patricia Cavada, en 2014 se acordó el establecimiento de una tasa que “en primer lugar, se iba a cobrar a tres municipios, aunque a día de hoy, no sabemos si el resto de municipios que forman parte del Consorcio están dispuestos a asumir ese compromiso del 2014”. “Por otro lado -continúa- hay otros municipios que están hablando de afrontar el pago de 2016, sin ni siquiera afrontar el pago anterior de 2015 y, además, con la PIE embargada para hacer frente a esas deudas; mientras que hay otros que directamente no están asumiendo sus responsabilidades”.
“El Ayuntamiento de San Fernando ha venido cumpliendo en tiempo y forma cada una de sus obligaciones. Es un Ayuntamiento serio y, por eso, no puedo permitir que a los isleños e isleñas, y a este Ayuntamiento, se le cargue con determinados cortes debidos al incumplimiento por parte de otros”, ha enfatizado.
Insiste también la alcaldesa isleña en aclarar que siempre han apostado por una modificación de esta tasa para evitar los efectos negativos que puedan ocasionar a la ciudadanía, “especialmente en el caso de determinadas actividades económicas”. Por otro lado, indica la regidora, también es necesario que incorpore consideraciones de carácter social “y su pago se adaptase a las condiciones particulares, poniendo en marcha el pago fraccionado y sin que en ningún caso suponga intereses en el cobro de la misma”.
