El desarrollo previsto en la zona de la playa La Casería y por el que tanto revuelo se ha formado en los últimos días no cuenta todavía ni con el presupuesto necesario, ni con el proyecto para su ejecución. Y todo ello pese a la premura de tiempo que ha dado Costas a los propietarios de las casetas y de los dos negocios de hostelería para que desalojen cuanto antes la zona para proceder al derribo de todo y dejarlo expedito.
Pues bien, todo ello conlleva a que para que se pueda licitar el proyecto es necesario que desaparezcan todas las construcciones que no tengan concesión, pero al no haber proyecto licitable se podrían abrir las puertas a posibles soluciones al conflicto que se ha generado en La Casería.
Durante la elaboración del proyecto todas las partes implicadas podrían sentarse en una misma mesa y que la remodelación de la zona se haga conforme a los intereses de todo el mundo. Y por supuesto cumpliendo con la más estricta legalidad.
Un borrador
Ha sido la portavoz de Podemos San Fernando, Ana Rojas, quien ha arrojado un poco de luz a todo lo que está sucediendo en los últimas días, y ha pedido “claridad” con respecto a las mejoras que están promoviendo estos derribos, haciendo referencia a ese “plan de mejora” al que apela Demarcación de Costas “para nada aprobado y que sigue siendo hasta día de hoy simplemente un borrador”. Señala también que este plan no cuenta con presupuestos ni un calendario que permita “dar luz” a la situación ni cuenta con alternativas a las familias afectadas, “alrededor de 70 familias” entre puestos de trabajo directos e indirectos entre la pesca y los negocios de hostelería.
Este periódico ha corroborado todos estos aspectos y es a lo que se agarra el Gobierno local para ponerse en contra del procedimiento seguido aunque esté de acuerdo con el fondo. Esto es, sí a la regeneración de la zona norte pero sin dejar a un lado los intereses de los pescadores y los hosteleros hasta donde la Ley permita.
Rojas, que ha contactado con los caseteros, pescadores y con la AVV La Inmaculada, ha insistido en que las construcciones están instaladas en un espacio público marítimo-terrestre previamente a que esta ley esté vigente y que hay que darles una alternativa. Además, ha resaltado la “sorpresa” en cuanto a las prisas mostradas por Costas para el desalojo y derribo cuando es un clamor la dejación de responsabilidades de la administración tanto en esta zona “durante muchísimos años”como“ del mantenimiento de las salinas con los perjuicios y las pérdidas económicas y naturales que trae esa dejación de funciones” en las que también tiene competencias directa.
La portavoz insiste en la búsqueda de soluciones consensuadas entre todas las partes implicadas para encontrar una alternativa que no afecte directamente a los puestos de trabajo, apelando a la situación excepcional de pandemia “con un desempleo que cada mes aumenta” en la ciudad. Rojas también ha señalado la “sensibilidad social” del problema con respecto a las movilizaciones que ya se han convocado para salvar las casetas y a cómo este rincón está relacionado con la historia de San Fernando y del que tampoco se han preocupado ni ocupado en anteriores gobiernos locales a pesar de las promesas electorales.
Rojas reclama “soluciones, negociación, consenso y mejoras, pero con soluciones claras e intermedias, que permitan no poner en juego –como mínimo- el bienestar y la seguridad laboral de todas estas familias en la Casería”.
