Todo es cuestión de cómo se miren las cifras y la credibilidad que estas tengan teniendo en cuenta que Correos ha comunicado como déficit a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), apenas una tercera parte del déficit interno que se cifra en 300 millones de euros en el último ejercicio.
En San Fernando se ve la situación de Correos por las colas que se forman cada día, a pesar de tener jornada intensiva y no estar saturada de personal, precisamente, la única oficina de atención al público que tiene una ciudad con 95.000 habitantes y más larga que ancha.
Los meses de pandemia era la pandamia y en verano eran los horarios de verano, pero las colas han seguido en todos los momentos y hoy en día siguen siendo de veintre, treinta o cuarenta metros para poder echar una carta.
Porque ahora, aunque sea una carta franqueada, hay que entrar en la oficina desde que a alguien le dio por quitar el magnífico buzón con forma de león de la entrada que ahorraba y ahorraría ahora muchas esperas.
A las denuncias de la gente que no acaban ni mucho menos con los problemas de las esperar interminables se han undo las de los sindicatos CCOO y UGT de Correos que aseguran que la empresa ha iniciado un proceso de desmantelamiento cuyo primer paso es la supresión de tres puestos de trabajo en Cádiz -en la UR2 de Jerez- previstos para el mes de marzo, a los que se suman un total de 37 en toda Andalucía, más el cierre de los centros logísticos de Jaén y Huelva.
Correos justifica estos recortes con la disminución del flujo de la correspondencia, “algo que no se corresponde con la realidad, puesto que solo en los meses de noviembre y diciembre de 2020 se han distribuido casi 40 millones de paquetes, lo que supone un aumento del 45 por ciento del volumen de negocio en relación con el mismo periodo del año anterior”.
“Además, lo hace sin soporte documental ninguno, ocultando datos y con el mero fin de ajustar costes laborales llevándose por delante derechos de la plantilla y debilitando el servicio público postal”, dicen los sindicatos, aunque las previsiones de la empresa estatal de cara a 2023 prevén una disminución del 65 por ciento de paquetes.
CCOO y UGT aseguran que vienen observando desde hace meses en los diferentes centros de trabajo de la provincia “cómo la carga de trabajo que soportan los compañeros es inasumible, “por lo que están convencidos de que estas actuaciones responden a un plan oculto del presidente de la empresa, Juan Manuel Serrano, y del director territorial de Andalucía, José Luis Alonso Nistal, para desguazar la compañía.
Se trataría de acabar con el servicio público postal a través de la precarización de las condiciones de trabajo – aumento de la sobrecarga de trabajo, no cobertura de manera sistemática de permisos retribuidos, ni de bajas de corta y larga duración, etc.- y recortando el empleo necesario para poder desarrollar un reparto y atención al cliente de calidad.
Se trata éste de un cometido que por ley está encomendado a Correos a través de la prestación del Servicio Postal Universal, pero lo que estaría haciendo Correos, según los sindicatos, es trasvasar actividad de la matriz -Correos- a la filial, Correos Express.
Además, lamentan que todo este tipo de recortes de puestos estructurales y cierre de centros se estén haciendo a espaldas de las organizaciones sindicales, sin llevarlos a las mesas de negociación previstas en nuestro Convenio Colectivo.
“Estamos ante unos hechos de graves consecuencias, ya que la empresa está suprimiendo puestos y cerrando centros de trabajo de forma unilateral y sin negociación ni consulta alguna, lo que supone una vulneración inadmisible de los derechos de los trabajadores, de sus representantes, de la negociación colectiva y un desprecio deliberado al diálogo social.
CCOO y UGT exigen a la empresa responsabilidad para cesar en sus pretensiones sobre estos recortes y cierres de centros planteados, o de lo contrario, realizarán las denuncias oportunas ante los juzgados correspondientes por la vulneración de la negociación colectiva.
Igualmente iniciarán movilizaciones por la gravedad de las consecuencias que estas propuestas acarrean para la ciudadanía de las localidades afectadas y para las condiciones de los trabajadores.
