El partido explica que el último 31 de diciembre se publicó el Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Las principales medidas en materia tributaria adoptadas es el aumento del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y es una de las “medidas temporales y progresivas” del gobierno de Rajoy.
El artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, habla de las exenciones del IBI. Y en el punto c dice que estarán exentos “los de la iglesia católica, en los términos previstos en el Acuerdo Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidos, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución".
Esta exención total y permanente de la contribución territorial urbana afecta a templos y capillas, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas, seminarios y conventos, y para Izquierda Unida, "la iglesia católica probablemente sea el más importante propietario inmobiliario del país, más incluso que algunas de las empresas del sector de la construcción. Así que mientras el aumento de este impuesto va a afectar a tota la ciudadanía, al mayor propietario de bienes inmuebles no le afectará porque disponen de este privilegio. Se calcula que se podrían recaudar alrededor de 3.000 millones de euros".
Desde IULV-CA reivindican, por tanto, la "efectiva separación" entre la Iglesia y el Estado. Por tanto, piden la modificación del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, con el objetivo de que la exención del IBI en los bienes inmuebles propiedad de la iglesia católica quede anulada, y posteriormente dar traslado del acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Presidente del Gobierno.
