El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, ha firmado hoy en Sanlúcar un convenio con el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, para facilitar el cumplimiento por parte de menores infractores de medidas judiciales en abierto en la localidad. El acuerdo lo han rubricado también la delegada de Bienestar Social de Chipiona, Isabel Jurado, y las delegadas de Servicios Sociales de Rota, Mª Ángeles Carvajal, y Trebujena, Elisa Rosado.
Estos convenios tendrán una vigencia de dos años y renuevan la colaboración que en algunos casos desde 2009 ya existe entre la Junta de Andalucía y estos consistorios para que los jóvenes que cumplan las medidas judiciales que les imponen los jueces de menores puedan hacerlo en actividades propias del ayuntamiento (deportes, bibliotecas, medio ambiente, servicios sociales, Policía Local, etc.).
En concreto, estas medidas judiciales en cuya ejecución colaborarán los ayuntamientos, y que tienen como principal objetivo resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta, son las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), las Tareas Socioeducativas (TSE) y las Actividades Reparadoras en favor de la sociedad (RS) derivadas de un proceso de conciliación y mediación, así como el seguimiento, por parte de los agentes de la Policía Local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones de la Permanencia de Fin de Semana (PFS) en el domicilio familiar; y de otra, la cooperación o colaboración para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas.
El alcalde ha agradecido a la Junta que cuente con los ayuntamientos para esta inicitiva que da muy buenos resultados, como quedó patente con la puesta en marcha de lo que se denominó Plan Quitamultas, “con el que decidimos sustituir la multas por trabajos para la comunidad y clases de educación vial. Fue un éxito para todos”. Víctor Mora dijo que convenios como el que se ha firmado hoy dejan patente que trabajar de manera conjunta es la mejor fórmula para beneficiar a la sociedad, por lo que se puso a disposición de la Junta para seguir colaborando en esta materia.
El delegado del Gobierno ha puesto hoy de relieve que “con estos acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven en su mismo entorno”, y ha añadido que este conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley “tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta”. “Se trata de que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo”, ha afirmado.
López Gil también ha destacado la colaboración de los agentes de la Policía Local de estas localidades al facilitar y garantizar el cumplimiento de estos convenios. A lo largo del año 2013 y durante el primer semestre de 2014, en estas cuatro localidades se han aplicado un total de 135 de estas medidas, con gran predominio de las medidas de libertades vigiladas y de fines de semana de permanencia en domicilio.
El delegado del Gobierno ha expresado tras la firma del convenio su satisfacción por “el trabajo que hace la Junta en materia de Justicia Juvenil, porque ha contribuido a que el nivel de reinserción de los menores infractores que finalizaron la ejecución de alguna medida se haya incrementado en los últimos años, con una tasa del 80 por ciento de jóvenes que no vuelve a reincidir”.
Además, López Gil ha recordado al respecto que las medidas que lleva a cabo la Consejería de Justicia e Interior han sido premiadas por el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en 2013 distinguió a la Junta de Andalucía con el galardón ‘Premio a la Calidad de la Justicia 2013’ por las políticas puestas en marcha en esta materia, encaminadas a reeducar y reinsertar a los menores infractores en la comunidad autónoma.
Datos de mediación
Además de las medidas anteriormente enumeradas, la legislación penal de menores contempla la mediación para determinados casos en los que los jóvenes reconocen la infracción, piden perdón y reparan el daño. En este caso, la Junta de Andalucía ha promovido en la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2014 un total de 142 mediaciones con menores infractores como mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos y alternativa a los litigios.
Por su parte, los centros de internamiento han facilitado durante el primer semestre de 2014 la atención a 168 menores en la provincia de Cádiz. Para la ejecución de este tipo de medidas no privativas de libertad, la Administración andaluza vela por el interés superior del menor, a quien se le ofrecen las herramientas y habilidades necesarias para superar las carencias educativas o afectivas. Una vez que los jueces de menores imponen esta medida a un perfil de adolescentes carentes de los recursos personales y las habilidades necesarias para una adecuada convivencia familiar y social, la Junta es la encargada de ejecutar la resolución judicial en los distintos centros que tiene distribuidos por todas las provincias.
Robos y maltrato, los más habituales
Si se analizan los tipos de delitos y faltas en medio abierto un 41% de ellos están relacionados con el patrimonio (robos, hurtos, daños…), seguidos por lesiones con un 15,97%, por malos tratos con 15,24% y por delitos contra la seguridad colectiva con un 9,18%. A continuación se sitúan, en menor medida, delitos que no superan el 5% y que están relacionados con la libertad, el honor o falsedad, entre otros. Por su parte, los delitos más frecuentes de los internos son el robo con violencia (39%), el maltrato familiar (25%), el quebrantamiento de medida (18%) y lesiones (8%).
López Gil también ha señalado que la Junta está realizando un importante esfuerzo por mantener los recursos y servicios en la atención de los menores infractores pese a los últimos ajustes presupuestarios ejecutados a causa de la actual situación económica y financiera.
