El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a pagar casi medio millón de euros como consecuencia de las facturas que la empresa Verinsur reclamaba al Consistorio por trabajos efectuados desde septiembre de 2005 a mayo de 2007, mes en el que se celebraron las elecciones municipales.
El primer teniente de alcalde, Juan Marín, daba a conocer la sentencia condenatoria en una rueda de prensa en la que mostraba sus sospechas ante el hecho de que las facturas “fueron presentadas a 20 días de las elecciones municipales de 2007”, cuando el Partido Popular perdió la alcaldía de la localidad. Es más, fue el entonces primer teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Rafael Rubio, quien, según Marín, dirigió un escrito a la empresa solicitándole en abril el envío de las facturas pendientes de pago. “La empresa remite todas estas facturas, con albaranes desde el año 2005, sn consignación, ni reserva de crédito, 20 días antes de las elecciones municipales”, apuntó Marín.
El dirigente de CIS denuncia que “esta era la forma de proceder del PP” y lamenta que “la justicia actúa en muchas ocasiones en contra de los intereses de los ciudadanos”, cuestionando “¿por qué no se hizo procedimiento de adjudicación? y ¿Por qué no se consignó en los presupuestos municipales si este servicio había que prestarlo? “. “Esto deberían explicarlo los actuales responsables del Partido Popular, si tenían conocimiento de estos hechos y por qué no han dado explicaciones”, afirmó Juan Marín.
Esto también queda patente en el fallo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en el que reza que “queda probado que el Ayuntamiento al margen de toda legalidad, ausencia de procedimiento de contratación y de contrato, procedió a encargar los servicios de Verinsur S.A.”, encargos que se hicieron por decreto del mencionado edil Popular D. Rafael Rubio.
El primer teniente de alcalde dio a conocer, además, que nada más acceder el PSOE y CIS al Gobierno municipal, las cantidades facturadas por la empresa se redujeron de 35 mil o 49 mil euros mensuales, que era lo que solían rondar, a unos 11.000 euros al mes. “¿El motivo? que no se pesaban los materiales que se depositaban en unos terrenos que, además, fueron cedidos en precario, de forma gratuita por la entonces delegada municipal de Medio Ambiente, Montserrat Caputto, a esta empresa” . “Venimos litigiando desde 2008 en los distintos tribunales de justicia ante la demanda por reclamación de cantidades porque entendíamos que no se había comprobado que esas cantidades se correspondían con los servicios que se habían estado prestando”, señaló Marín, quien dio a conocer que, una vez resuelto el contrato con la empresa, el Ayuntamiento sacó a licitación el servicio, que actualmente tiene un coste anual de 180.000 euros, frente a los 400.000 que cobraba Verinsur, con quien el Consistorio tiene que negociar ahora los pagos.
Se trata de una sentencia firme, sobre la que no cabe recurso, si bien los servicios jurídicos municipales están estudiando denunciar a los responsables que autorizaron los trabajos y firmaron las facturas, para reclamarles esta cantidad.