Junta estudia medidas de apoyo para el sector de la flor cortada

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de que trabaja en buscar líneas de apoyo al sector de la flor cortada para recuperar la capacidad productiva de las explotaciones, afectadas negativamente por la declaración de estado de alarma por Covid-19.

El informe detalla la compleja situación que atraviesan actualmente estos productores andaluces, que registran un exceso de almacenaje y el consiguiente descenso de los precios, algo que las propias organizaciones agrarias han puesto de manifiesto a lo largo de esta semana.

Los profesionales del sector han trasladado a la Junta su incertidumbre ante la acumulación de flores en las cámaras de refrigeración, donde se almacenan antes de la transformación en manojo o ramos, que actualmente se encuentran al máximo de su capacidad. 

Esta situación responde a que la comercialización prácticamente se ha detenido mientras que la entrada de material vegetal del campo ha continuado activa.

El documento elaborado por Agricultura recoge diversas propuestas de apoyo del Gobierno regional como, por ejemplo, el estudio de medidas relativas al control de la retirada y al tratamiento de los residuos agrícolas. 

En este sentido, se está valorando la posibilidad de flexibilizar trámites y ofrecer asesoramiento técnico para la implantación de soluciones que apuestan por la gestión 'in situ', como el triturado para el abonado en verde de sus propias instalaciones.

A estas acciones más inmediatas podría sumarse, una vez concluido el estado de alarma, una campaña promocional para revalorizar la calidad de la flor cortada que se produce en la comunidad autónoma.

De esta forma podría mejorarse el posicionamiento de los productos andaluces en el mercado con lo que se incrementaría la rentabilidad de las explotaciones tras el período de crisis.

En cuanto a cuestiones cuya competencia corresponde a otras instituciones o entidades, desde la Consejería se trasladará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de establecer de forma urgente diversas medidas extraordinarias.

El objetivo es ayudar a los profesionales del sector de flores y plantas de flor a las que puedan acogerse todas las empresas afectadas por la situación actual que acrediten su actividad productiva. 

Entre ellas, que se considere la retirada de cosecha como pérdida de producción e indemnizar a través del Seguro Agrario Combinado. Asimismo, se solicitará un plan de gestión de crisis ordenado para la retirada de estos productos y el levantamiento del cultivo, en caso necesario.

Por otro lado, la Junta reclamará también la exención de cuotas de la Seguridad Social en los autónomos del sector y la rebaja de los módulos fiscales, al tiempo que se apuntará la necesidad de que el Gobierno central establezca una línea de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los viveros.

Esta medida es similar a la adoptada con anterioridad para otros sectores y que facilite a los productores el tránsito a la próxima campaña, y que podría servir, a modo de rescate financiero, para salvar a las empresas dedicadas a la flor cortada.

El exceso de oferta y la falta de demanda de productos derivada de las medidas que conlleva el estado de alarma por la expansión del Covid-19 ha llevado a los agricultores andaluces a paralizar el corte de flor.

Se trata de una decisión que podría implicar, entre otras medidas, la disminución de contratación de mano de obra y, o bien el retraso de la recolección o bien el desarrollo de un mantenimiento básico de la plantación, pudiendo desembocar en ambos casos en la degradación de este producto perecedero. 

Asimismo, también plantean la posibilidad de arrancar los cultivos. Aunque aún es pronto para hacer una evaluación definitiva de los daños en su totalidad, desde el sector se apunta la posibilidad de que esta situación culmine con una importante reorganización a nivel empresarial.

La producción de flor cortada de Andalucía (435 hectáreas) se concentra en Sevilla (90 hectáreas) y Cádiz (235 hectáreas), con mayor presencia en esta última provincia, especialmente en los municipios de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Rota.