Cada español genera al año unos 450 kilos de basura y el 70% de ellos, en volumen ocupado, lo forman envases ligeros, es decir, botellas, latas, envases plásticos y tetrabricks de leche y zumos. Es una prueba de nuestro consumismo pero también una alerta de que no sólo hay que reducir los envases como fuente de contaminación, especialmente la marina, sino también la necesidad de gestionarlos correctamente,  por el derroche inasumible de recursos que supone. Europa urge a tomar medidas y, con retraso, el Real Decreto de Envases pretende modificar la Ley de Envases de 1997 y trasponer las directivas europeas pero si no se modifica la redacción actual, Sevilla puede dejar de ingresar 22 millones de euros al año, 320 a nivel regional.

Es la alerta de la ONG Rethinking, Observatorio de Residuos, que ha presentado una serie de alegaciones al Real Decreto ahora en exposición pública para mejorar esa regulación, buscando implantar modelos de recogida como el húmedo-seco; el sistema de retorno de envases; y, sobre todo, que la responsabilidad de la financiación de la gestión de residuos recaiga íntegramente en los productores de envases.

Según explica Francisco Peula, de Rethinking, la Ley de Envases del 97 exime a las empresas productoras y generadoras de envases que no se recogen de forma selectiva de su responsabilidad sobre esos residuos, de forma que son los ayuntamientos los que deben hacerse cargo del coste de su gestión y repercute en los ciudadanos vía tasa de basura, un coste que se eleva a 1.700 millones de euros al año, como ya publicó Viva.

Arcas municipales

El Real Decreto no corrige este aspecto, con lo cual Sevilla se juega 22 millones de euros al año, 320 millones en el caso el caso de Andalucía, puntualiza Peula, puesto que el Real Decreto no contempla cambios en la responsabilidad de gestión de envases no separados selectivamente. “Sorprende la indiferencia y desconocimiento que presentan los responsables políticos de las entidades locales respecto a la repercusión que puede tener esta norma tanto en las arcas municipales como a nivel de gestión de sus servicios de recogida de residuos”, explican desde Rethinking.

Si la norma permite “que las empresas no tengan una responsabilidad plena sobre todos los envases que se colocan en el mercado, los ayuntamientos deberán seguir haciéndose cargo de estos envases”, insisten desde esta ONG, que ha presentado una serie de alegaciones para corregir diferentes aspectos que creen deben modificarse en el Real Decreto.

Así, ante los retrasos acumulados, piden que se implanten “objetivos intermedios de reciclado a partir del año 2022, que sirvan de puente para garantizar los objetivos en los hitos 2025 y 2030, con un mínimo de recogida separada de envases domésticos del 70% en 2025, del 80% en 2030 y del 85% en 2035".

El que contamina, paga

Para cumplir con el anterior, exigen la responsabilidad ampliada del productor sobre los residuos de envases de su competencia, “que debe ser total y no parcial” y la financiación de la gestión de estos residuos debe “recaer íntegramente en ellos”. “Es la forma más eficiente de aplicar el principio de quien contamina, paga”, aseguran, apuntando que trasladar a los ayuntamientos gran parte de estos costes encarece la recogida de residuos y provoca “efectos de dumping comercial” de las empresas más contaminantes sobre las que realizan más esfuerzos para reducir sus envases.

Además, reclama el desarrollo de modelos de gestión que han dado “excelentes resultados en la recogida separada y recuperación de residuos de envases”, como  es el caso del modelo húmedo-seco y sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, la tradicional “devolución del casco”.

También reclaman una mayor transparencia en la gestión y recogida de residuos, clave para que repercuta en los necesarios cambios de hábitos para evitar “el estancamiento en niveles muy bajos de recogida separada” que han detectado.

Los objetivos intermedios

Rethinking plantea establecer unos objetivos de reciclaje y reutilización intermedios para poder cumplir con los objetivos finales marcados por Europa.

La propuesta que incluyen es que los sistemas deberán garantizar como mínimo una recogida separada en peso de todos los residuos de envases domésticos del 70% en 2025, del 80% en 2030 y del 85% en 2035, respecto de los productos puestos en el mercado por los productores que participen en el mismo.

Asimismo, deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos de recogida separada en peso de los residuos de envases por materiales:

a) Plástico: 65% en 2025, 75% en 2030 y 85% en 2035.

b) Madera: 40% en 2025, 50% en 2030 y 60% en 2035.

c) Metales: 70% en 2025, 80% en 2030 y 90% en 2035.

d) Vidrio: 80% en 2025, 85% en 2030 y 90% en 2035.

e) Cartón para bebidas y alimentos: 70% en 2025, 80% en 2030 y 90% en 2035.

f) Papel cartón: 80% en 2025, 90% en 2030 y 95% en 2035.