Después de que la Junta de Andalucía, a petición del comité de expertos, haya resuelto implantar el certificado Covid de vacunación, recuperación, PCR o prueba de antígenos en establecimientos de ocio nocturno y hostelería, extremo pendiente de autorización judicial y apoyado por las patronales andaluza y sevillana de hosteleros; la portavoz de Vox en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Peláez, ha opinado que se trata de "nuevas medidas discriminatorias exclusivamente para el sector de la hostelería".
Así, mientras la asociación de hosteleros de Sevilla ha apoyado la implantación del pasaporte entendiendo que "incitará a la población a vacunarse y aportará seguridad a clientes y empleados, Pelaéz ha señalado el respaldo "sin matices" de Vox a la asociación "Sevilla son sus bares", que "con toda lógica, ha mostrado su rechazo".
"No entendemos los motivos por los que el Gobierno de Andalucía sitúa en este sector la responsabilidad de los nuevos contagios por coronavirus. El Gobierno de Juan Manuel Moreno la tiene tomada con el sector hostelero, al que criminaliza desde el inicio de la pandemia como único culpable de la extensión de la enfermedad, y ahora quiere que ejerza de policía exigiendo a sus clientes el pasaporte Covid", ha enfatizado.
Las leyes
Y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya autorizado a la Junta de Andalucía a implantar la obligación de dicho pasaporte para acceder como visitantes a los hospitales y centros de personas mayores, una medida fijada hasta el 15 de enero, la portavoz de Vox ha considerado que este nuevo pasaporte "vulnera al menos cinco artículos de la Constitución, dos leyes y varios artículos del Código Penal".
Mientras los magistrados del TSJA, en su resolución sobre el pasaporte Covid para hospitales y centros de mayores, avalan la "proporcionalidad, necesidad e idoneidad" de la medida, respaldando esta "limitación puntual de derechos fundamentales" hasta el 15 de enero para combatir la propagación del virus, Peláez ha opinado que "en España la vacunación no es obligatoria y, por tanto, ninguna disposición o norma puede por ley prohibir la entrada a establecimiento alguno a ninguna persona por no acreditar la vacunación", admitiendo el citado certificado pruebas PCR o de antígenos o la superación del virus.
Impugnación
Al respecto, ha recordado que Vox estudia recurrir el asunto por vía judicial, invocando la Constitución, "los derechos fundamentales" y la Ley Orgánica de tratamiento de datos de carácter personal, pues a su entender la Administración andaluza vulneraría tales normas.
Cristina Peláez, que ha conversado al respecto con los dirigentes de "Sevilla son sus bares", ha opinado que "cualquier hostelero se arriesga a una multa de 600.000 euros que le pueda plantear un cliente medianamente informado sobre sus derechos, por vulneración de la Ley de Protección de Datos, por lo que cabe pensar que muchos se lo pensarán a la hora de exigir el pasaporte Covid a sus clientes".
En Andalucía, según datos de la Consejería de Salud, el 93,5% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis de la vacuna, el 92 por ciento en el caso de la pauta completa.
