Un empresario ha denunciado ante los Juzgados de Sevilla a un extrabajador, dos empleados de Renta 4 Banco, entidad bancaria especializada en inversiones, un apoderado de ésta y el representante legal de la misma por presuntamente ejecutar operaciones de inversión que le han causado pérdidas de más 1.800.000 euros sin su autorización.

Los cinco querellados están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena (Sevilla) que ya admitió el caso a trámite, según ha confirmado a EFE el letrado que representa a la afectada (dedicada a la comercialización de luz y gas en Marchena, Javier Toucedo.

Al extrabajador se le acusa de falsedad en documento mercantil de forma continuada, administración desleal, un delito agravado de daños y revelación de secretos, según la querella, a la que ha tenido acceso EFE.

Aunque posteriormente, se hizo una ampliación de la querella contra los empleados del banco y contra la propia entidad por su supuesta responsabilidad penal directa.

En la querella se destaca que el denunciado "nunca tuvo representación, ni firma, ni poder de ningún tipo" en la empresa pero que desde aproximadamente el 2018 urdió un plan preconcebido y suplantó la firma del administrador del demandante para adquirir productos en perjuicio de la entidad.

Según el demandante, realizó compras en momentos inadecuados de mercado, a precios nada competitivos y muy por debajo de los precios del mercado y con compromisos de permanencia muy superior a lo normal "con claro ánimo de perjudicar a la entidad".

En la querella se mantiene que el investigado tenía dos finalidades: "descapitalizar la empresa y beneficiarse él" y para ello incluso meses antes de irse se dedicó a filtrar a competidores información sensible y reservada a una empresa "a la que ahora presta sus servicios, o con la que colabora".

También se encargó supuestamente de hacer circular por las empresas de la competencia, con las que le interesaba colaborar, los listados de clientes que previamente había sustraído de forma indebida de la empresa, siempre según la versión de la querellante.

El afectado desconoció todos los movimientos del investigado hasta que fueron consumados y ejecutados y empezaron las consecuencias de dichos contratos.

Tras la correspondiente investigación de los hechos se pudo comprobar, según la ampliación de la querella, que la entidad bancaria con las que se realizaban las operaciones de compra de productos ha tenido "una actitud absolutamente obstructiva a facilitar datos y órdenes de compra de las operaciones que han generado los daños en cuestión".

Según las pesquisas, el principal investigado operaba con la entidad bancaria mediante correos electrónicos y el apoderado que firmó el contrato marcó sin cerciorarse de que el firmante no era el administrador de la comercializadora.

En la querella se mantiene que el banco conocía la irregularidad en la apertura de la cuenta de valores, la falta de cumplimiento de los requisitos legales para la comercialización de este tipo de productos así como las irregularidades de las órdenes de compra que hacía "se prestaron a ello, con motivo de las pingües comisiones que dichas operaciones significan para la entidad y sus empleados que intermediaban".

También denuncian en el escrito judicial que "es un hecho palmario que los representantes legales y administradores de la entidad no ejercieron el adecuado control, vigilancia y supervisión de sus empleados o apoderados, posibilitando con ello la consecución de los comportamientos presuntamente delictivos".