La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha denegado la solicitud de rescate por valor de 249 millones de euros para cinco filiales de Abenewco (la filial operativa de Abengoa) al no cumplir todos los requisitos necesarios para recibir la ayuda pública.


Según ha informado este miércoles Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la SEPI le ha comunicado "que no constan acreditados determinados requisitos de elegibilidad para la concesión de la ayuda solicitada".

En cualquier caso, la filial de Abengoa cuenta con un plazo de cinco días, hasta el domingo, para presentar alegaciones y documentación adicional, un trámite que la compañía realizará "en el menor plazo posible" para acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI.

Según han explicado este miércoles a Efe fuentes conocedoras del proceso, los informes de la SEPI fueron enviados a la compañía el martes a última hora.

La intención de la empresa sevillana es presentar las convenientes alegaciones entre hoy y mañana, y en cualquier caso antes de que pasen los cinco días de que dispone para atender este trámite de urgencia.

Los informes encargados por la SEPI a Grant Thornton y a PKF Attest para analizar la situación de esas cinco filiales de Abenewco planteaban ciertas dudas respecto a los asuntos jurídicos pendientes.

Concretamente, PKF Attest señalaba cuestiones como discrepancias por la ejecución de trabajos o pleitos laborales, según las citadas fuentes, que aseguran que todos esos procesos judiciales juntos no superan los 800 millones de euros.

La inyección de los 249 millones de ayudas públicas activaría el resto de la reestructuración diseñada para la compañía, que contempla también un máximo de 300 millones de avales de los bancos para poder acometer proyectos y la aportación por el fondo Terramar Capital, que adquiriría el 70 % de Abenewco 1, de 200 millones (60 en capital y 140 en deuda).

"HAY QUE RESCATAR A LOS EMPLEADOS, NO A LOS BONISTAS"

El presidente de Abengoa, Clemente Fernández, ya había adelantado este miércoles a Efe que veía improbable el actual plan de rescate del grupo, que, en su opinión, beneficiaría básicamente a los fondos estadounidenses que controlan su deuda, y defendía que el Gobierno debe impulsar un convenio de acreedores que salve a empresa y empleados con menos de la mitad de recursos públicos.

"El rescate de Abengoa puede costar al Gobierno mucho menos de los 249 millones de euros que ha pedido a la Sepi y además se puede dedicar realmente a salvar sus 8.700 empleos y no a los bonistas" a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -diseñado para socorrer a empresas amenazadas por la pandemia-, ha defendido Fernández en una entrevista con Efe.

Mientras, siete representantes sindicales de Abengoa permanecen encerrados en la sede de la Sepì desde el martes a la espera de que se les ofrezca una clara solución de viabilidad que evite la liquidación del grupo, al que se le agotan los plazos.

Fernández confía en que no se llegará a ver la liquidación del grupo -en concurso de acreedores desde hace más de un año-, ya que gran parte de sus negocios son viables.

"Desde el Consejo de Abengoa (matriz) estamos en contra de la solución de Terramar porque supone rescatar a los bonistas, a los grandes fondos americanos", ha explicado Fernández, que defiende que "el dinero español debe ser para proteger el capital español".

En este sentido, vería con buenos ojos que el Gobierno, que ya es el mayor accionista particular de Abengoa con el 3,1 %, aumente su participación en el grupo sevillano "en la medida en que considere oportuno".

CONVENIO DE ACREEDORES ANTES DE FIN DE AÑO

"Nosotros vamos a 'conveniar' la matriz (Abengoa SA) antes del 1 de julio ante los juzgados de Sevilla, para que el convenio esté votado y aprobado antes del 1 de septiembre. Luego se puede hacer una recapitalización de la matriz y aumentar la participación pública a través de una ampliación de capital" que sería secundada además por "accionistas y 'family offices' españoles", resume Fernández.

De esta forma, "las cifras de inversión del Gobierno serían mucho más bajas" que las que se están manejando ahora, porque no habría que dedicar ingentes recursos a pagar deudas, ya que se impulsaría un convenio "con enormes quitas" y todas las incidencias legales pendientes "se pueden quedar bloqueadas".