La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes iniciar un expediente, destinado a "reequilibrar" la concesión administrativa del enclave de las Naves y Husillo del Barranco, adjudicada años atrás a la unión temporal de empresas (UTE) Lonja del Barranco, respaldada por el periodista Carlos Herrera y el torero Francisco Rivera Ordóñez, para su explotación como espacio de hostelería.
La concesión administrativa fue concedida en 2012 con un periodo de 25 años de duración y estipula un canon anual de 230.000 euros en favor de la Administración local, como titular del espacio.
En 2013, un año después de ser adjudicada esta concesión y antes de que arrancasen las obras de adaptación del recinto como mercado gourmet, el Ayuntamiento autorizó a la UTE adjudicataria a que hipotecase la propia concesión administrativa, para acceder a financiación bancaria para la contratación y ejecución las obras.
En concreto, la UTE afrontaba una inversión de 2.169.181 euros en el recinto y se le autorizó una operación hipotecaria por un importe principal de 1,5 millones de euros acompañados de intereses por valor de 500.000 euros y una "ejecución de responsabilidad hipotecaria máxima" por valor de 1.020.000 euros, lo que sumaba algo más de tres millones de euros, frente a una valoración de 3.780.000 euros correspondientes a la concesión administrativa en cuestión como activo hipotecado.
Ya en 2017, el Ayuntamiento autorizó a la UTE a ampliar un máximo de 250.000 euros adicionales la hipoteca suscrita sobre la concesión administrativa, para "cancelar" una póliza de crédito concertada para sufragar "gastos de inversión en las instalaciones de la concesión".
En junio de 2020, el Consistorio autorizó a la UTE Lonja del Barranco a ceder la concesión administrativa a la sociedad limitada nominada de la misma manera y, ahora, la entidad adjudicataria habría planteado una revisión en la concesión administrativa, tras acogerse al Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia.
Según han precisado a Europa Press fuentes municipales, la entidad adjudicataria habría solicitado una revisión de las condiciones de la concesión administrativa, más al detalle una rebaja del canon por la reducción de ingresos durante el periodo de pandemia.
Ante ello, la junta de gobierno ha reconocido, según el acuerdo adoptado, "la imposibilidad de explotación de la concesión administrativa" en cuestión, "durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posteriores prórrogas", de 14 de marzo de 2020 a 21 de junio de 2020.
A tal efecto, ha sido acordado iniciar un "expediente de reequilibrio" de la concesión administrativa, "para determinar las compensaciones que proceda realizar a la concesionaria por los ingresos dejados de percibir por la aplicación de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19", merced al decreto estatal de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social dictado tras la declaración del primer estado de alarma.
