El agua es un recurso imprescindible, tan esencial como finita, y los periodos de sequía unidos a los episodios de inundaciones, el impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad hacen más necesario aún llevar a cabo la labor de protección, planificación y gestión que desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Desde el año 1993 cada año el día 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de poner de manifiesto la importancia del agua dulce en el mundo. ‘Agua para la paz’ es el lema con el que esta semana la Unesco lo celebra y al que se suma la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El agua es tan vital como finita, tan esencial como escasa. Por eso, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir invierte en su protección, planificación y gestión. Y aún más si cabe en estos tiempos de sequía, la CHG intensifica el control de los usos del dominio público hidráulico, maximiza la eficiencia de los recursos embalsados, promueve la modernización del regadío y ejecuta obras de emergencia para garantizar el suministro con un plan alternativo al agua de los embalses.

De hecho, el organismo de cuenca ha sido capaz de anticiparse a la situación de sequía y garantizar el abastecimiento a 4,5 millones de habitantes, trabajando con los 21 sistemas de abastecimiento y las doce diputaciones de la demarcación, más Ceuta y Melilla, para “coordinar y garantizar” el suministro a la población, como destacaba recientemente el presidente de la CHG, Joaquín Páez.

Con esta anticipación, “hemos logrado que el 95% de la población que depende de los pantanos de la demarcación tenga planes alternativos y garantizado el abastecimiento”, decía Páez, para lo cual se ejecutan obras de emergencia por importe de 50 millones de euros, tanto para garantizar el suministro de agua, que es lo prioritario, como para paliar los efectos de la sequía sobre el regadío.



La CHG trata de anticiparse al cambio climático y a la lucha contra la sequía aplicando desde el año 2018 el Plan de Sequía y está a punto de renovarse el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones, centrando buena parte de su esfuerzo en la gestión y protección de los caudales ecológicos con nuevas herramientas para su conocimiento, como la ampliación, entre otras medidas, del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Guadalquivir, y la mejora en el control y vigilancia de los sistemas hídricos.

De hecho, de las 423.482 hectáreas de Regulación Directa de la cuenca, el 75% ya se controlan a través del SAIH, porcentaje que subirá hasta el 83,5% con las próximas integraciones para una mayor vigilancia.

Por otra parte, es destacable la ejecución de los planes de inspección y vigilancia, que la Confederación viene ejecutando a lo largo de esta campaña de riego, ha dado como resultado la detección de 1.904 hectáreas de riego ilegal en la cuenca del Guadalquivir a lo largo del pasado año 2023. Estas inspecciones generaron 153 expedientes sancionadores y la ejecución subsidiaria de cierre para 100 pozos y 17 balsas.

Estas actuaciones específicas se suman a las propias que realiza la Comisaría de Aguas del Organismo para la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico destinadas a garantizar los recursos hídricos y los intereses generales. El conjunto total de operaciones ha dado lugar en el último año a 1.500 informes de valoración de daños al DPH por un importe de 4 millones de euros.

A estas herramientas de control y vigilancia se suman las obras de emergencia y nuevos instrumentos jurídicos, como los reales decretos de Sequía o, medidas concretas como los precintados cautelares de las tomas de agua, que agilizan la labor protectora de CHG de los recursos hídricos de la cuenca.

Todo esto, en continua comunicación con los usuarios y entidades locales para facilitarles información inmediata de los recursos hídricos, de medidas concretas como la cesión de derechos, los protocolos de actuación o los planes locales y simulacros de protección ante el riesgo de inundaciones.