Sevilla no tendrá, por ahora, ni limitación de pisos turísticos ni aprobará una moratoria incrementándose las licencias para este tipo de viviendas tras tumbar los grupos de la oposición la propuesta que llevaba al Pleno el Gobierno municipal, que les acusa de “pataleta” y “circo político” para bloquear las actuaciones del PP, sin que se haya formalizado la oferta de reunión el próximo lunes para comenzar a negociar una nueva regulación.
La propuesta municipal, que limitaba en un 10% las viviendas turísticas respecto a las residenciales y establecía ya una (casco histórico y Triana) de las tres zonas en las que se dividía la ciudad como saturadas o no, ha sido calificada de “insuficiente” por todos los grupos, apoyados por una veintena de asociaciones vecinales que en la última semana han conseguido el respaldo de la oposición, que además ha pedido que no se debatiera el punto por “defectos de forma”, al no incluir en el expediente las alegaciones de algunos vecinos, extremo descartado por la Presidencia del Pleno y el PP amparándose en informes de los servicios jurídicos municipales.
La oposición también ha coincidido en solicitar al Gobierno municipal que establezca una moratoria que impida que continúen incrementándose las licencias, que han sumado un 30% más desde que salió el decreto de la Junta y el Ayuntamiento anunció su regulación tras realizar un estudio que consideran ya “desfasado”. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, les replicaba que le ofrecieran un “procedimiento jurídico” en el que apoyar esa moratoria, añadiendo que la limitación se establecía en la normativa que fijaba el 10% y que ahora rechazaba la oposición.
El delegado de Urbanismo cogía el guante que le lanzaba el concejal socialista Francisco Javier Páez (que sustituía en el debate a Antonio Muñoz, ausente por enfermedad de un familiar) para “sentarse a negociar hoy y no levantarse hasta tener un acuerdo” y le emplazaba a una reunión “el lunes a las nueve de la mañana”. “Mucho nos tenemos que lo que estemos haciendo es perder el tiempo”, decía De la Rosa, convencido de que “las soluciones son las mismas” que las que había aportado el Gobierno municipal en su propuesta.
Reproches de unos y otros y del Gobierno, también
“Fue un sí condicionado”, le recordaba el PSOE al Gobierno al hablar de su aceptación inicial a regular los pisos turísticos y que ahora se había transformado en negativa ante las críticas de De la Rosa a que “ni el PSOE ni Muñoz establecieron ninguna medida”, a los que consideró “los mayores responsables” de la proliferación de pisos turísticos, a lo que los socialistas le respondían que ellos sí establecieron una modificación del PGOU precisamente para regular su actividad igualándolos con cualquier otro tipo de establecimiento hostelero “y ustedes (PP) lo denunciaron ante los tribunales”.
El tira y afloja y los reproches se sucedían entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición, más hacia el PSOE que a los otros, con cuyo apoyo contaba inicialmente el PP, pero también a la “pinza” PSOE-Vox, partido al que De la Rosa reprochó que se estén “posicionando con la izquierda y bloqueando un gobierno del PP”, además de su “obsesión” por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya que Cristina Peláez, de Vox, apuntó que “la Junta pasó la patata caliente a los ayuntamientos y ustedes dan una patada hacia delante con el problema”.
De hecho, Vox aseguró que “no vamos a permitir” que se apruebe tras “perder tres meses” una “herramienta tan defectuosa” que “sólo limitan las viviendas turísticas de pequeños particulares”, dejando la puerta abierta a que “fondos de inversión extranjeros” compren edificios enteros para transformarlos en VUT, criticando además el “efecto llamada” que habían provocado. Eso sí, les ofreció la posibilidad de apoyarles en esa moratoria en las nuevas licencias “mientras se desarrolla” la nueva regulación para que no tengan que apoyarse en un PSOE “que no tiene más proyectos que buscar que la dirección por donde soplan los vientos, cambiando de opinión igual que su jefe, Pedro Sánchez”.
Por su parte, la portavoz de Con Podemos-IU, que insistió en la “arbitrariedad” del Gobierno del PP con el rechazo de todas las alegaciones, reclamó pasar ese tope del 10% de limitación al 5% e incluso al 2% en las zonas más tensionadas, pidió evaluar también dentro de las zonas tensionadas la existencia de hoteles y otros establecimientos turísticos, y criticó duramente que se apoyen en un informe “desfasado” para continuar con la tramitación. “Están ignorando la observación empírica”, les llegó a decir a los populares, a los que recordó su “obligación” de proteger a los vecinos cuando tienen “herramientas jurídicas y legales” que están negándose a aplicar.
