El delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha anunciado que el Gobierno de José Luis Sanz va a solicitar a la Junta de Andalucía, aplicando el decreto que regula las viviendas de uso turístico, que descalifique 715 de las existentes en la capital por no cumplir con los requisitos de adaptación urbanístico para funcionar como VUT, una medida que la oposición considera que es “lo mínimo” que debe hacer el Gobierno, además de cuestionar que se base en un informe de febrero de 2024, sin reflejar las nuevas licencias otorgadas.

La medida ha sido anunciada tras la reunión con los grupos municipales para acercar posturas sobre la limitación de pisos turísticos, a las que han asistido el PSOE y Con Podemos-IU, que no ha contentado a la oposición, una petición de anulación de licencias que afectará principalmente al Casco Antiguo y a Triana, puesto que dos de cada tres VUT de las 715 que se pide descalificar están en esos barrios, los más saturados de pisos turísticos en la actualidad.

Según De la Rosa, la solicitud, que sitúa a Sevilla como la primera ciudad en usar el decreto autonómico para limitar las viviendas de uso turístico, “forma parte de las medidas de control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el Gobierno local y que se les ha trasladado a los grupos municipales en la reunión mantenida”, un encuentro en el que les han trasladado el “informe jurídico que avala la inviabilidad de una moratoria”.

Entre otras medidas iniciadas está la implantación de un sistema para detectar las ilegales cruzando datos oficiales; un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas; un plan de inspección, para las ilegales pero también para atender incidencias y molestias; así como un incremento en IBI, tasas de basura y precio del agua.

Según Juan De la Rosa, “hemos pedido a la oposición responsabilidad y altura de miras para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico. Pedimos a la oposición que no se aferre a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica. La ciudad no puede perder más tiempo y desde el gobierno vamos a seguir impulsando medidas de control, inspección y reducción de pisos turísticos”

“Hemos quedado emplazados a una próxima reunión y pedimos a la oposición que valore apoyar el documento de limitación de viviendas de uso turístico que presentamos y que incluye además una revisión periódica de los porcentajes siempre y cuando sean avalados por informes técnicos”, ha concluido.

La reacción de la oposición

La oposición considera que la petición a la Junta es lo “mínimo” que debe hacer el Gobierno municipal, como es cumplir la legislación, pero que “no resuelve la situación de estrés turístico”, según Con Podemos-IU, mientras que el PSOE asegura que ya se solicitó más control sobre las VUT que no cumplieran los requisitos, un extremo que han atendido “con un informe firmado minutos antes” de la reunión y a partir del registro de febrero de 2024, sin contemplar las que se han incrementado en los últimos meses.

El grupo municipal socialista ha denunciado que “sólo intereses ocultos de Sanz con las plataformas y grandes propietarios justifican que abra la puerta a 23.305 viviendas turísticas más en Sevilla y desacredite la alternativa socialista para que no haya ninguna más”, ya que el PSOE propone reducir el porcentaje del 10 al 2,5% por “ razón imperiosa de interés general”, que a juicio del concejal socialista Francisco Javier Páez, el es “el nivel desorbitado de pisos turísticos al que ha llegado la ciudad”.  

El PSOE ha criticado que los dos informes que ha presentado el Gobierno municipal se han fechado minutos antes de la reunión, uno de la Dirección Técnica de Urbanismo que niega la potestad municipal para establecer la moratoria y otro, del Gerente, que pide la descalificación de las 715 viviendas turísticas, es decir, “que sí se puede actuar”. “Si ha habido algo positivo de la reunión, ha sido ese control sobre las normas urbanísticas que le habíamos exigido desde el PSOE”, según Páez. 

“Lo que no puede ser es que la Junta de Andalucía siga inscribiendo viviendas turísticas sin el menor rigor ni control y sin tener en cuenta las normas locales. La gestión de ese Registro autonómico es, por tanto, un cajón desastre donde cualquiera puede registrar lo que le dé la gana. Se debe someter a una profunda criba y aquí sí puede intervenir el Ayuntamiento de Sevilla y, en consecuencia, sí puede actuar sobre el procedimiento de inscripción”, ha argumentado Páez.

Por su parte, la portavoz de Con Podemos IU, Susana Hornillo, ha criticado que el PP “no se mueve de su sitio” e insiste en no aceptar ninguna de las propuestas que les han planteado y que, en el caso de su grupo municipal, se les ha hecho llegar por escrito, y que pasan por “reducir al mínimo” el porcentaje de viviendas de uso turístico sobre el residencial, avisando de que “mucho nos tenemos” que pronto se verán en Sevilla manifestaciones como las celebradas en Málaga este fin de semana.

La primera de las propuestas de Con Podemos IU es declarar una moratoria de alojamientos turísticos, que apuesta por establecer “de facto” un límite máximo inferior al 1% para todos los alojamientos turísticos, incluyendo establecimientos hoteleros, viviendas y apartamentos turísticos.

También plantean un aumento proporcional del IBI como medida para compensar el incremento del coste de los servicios públicos como resultado del turismo y, teniendo en cuenta que “el mercado de las VUT está en manos mayoritariamente de grandes tenedores (según datos de Inside Airbnb, el 90% de los ofertantes de VUT poseen 10 viviendas o más en la ciudad de Sevilla)” plantean que a partir de la segunda VUT incrementar el impuesto 10 euros/m2/año, con un aumento del 50 % a partir de la tercera.

Para decrecer la presión turística en los 14 barrios que rondan o superan el 10% de VUT, el 32% en Santa Cruz (el 60% como apartamentos turísticos), plantean “medidas urgentes”, entre ellas la desprivatización de VUT a cambio de un justiprecio sobre sociedades propietarias de 10 o más inmuebles en zonas de alto esfuerzo familiar, incorporándolas al parque público de Emvisesa para alquiler accesible para jóvenes.

Además, crear un dispositivo municipal específico de inspección para “localizar y denunciar prácticas ilegales de uso lucrativo de suelo catalogado como residencial”, e insisten en reclamar el informe técnico y jurídico que “demuestre” los impedimentos legales y/o técnicos para implantar la moratoria.