La comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño, promotora del recurso que ha derivado en la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la ubicación de la biblioteca de la Universidad de Sevilla en los Jardines del Prado de San Sebastián, ha acordado por unanimidad, tras reunirse en Junta, solicitar que se alce la suspensión por quince días hábiles de ejecución del fallo proveída por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se siga adelante con la pretensión vecinal de que se ejecute la resolución judicial "en sus justos términos y sin más demora".
Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la comunidad, el abogado José Cubiles, después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA diera una prórroga hasta el próximo 29 de mayo para que Universidad y vecinos de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo ya construido.
En este sentido, Cubiles señala que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes, "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla, y sus rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa labor".
La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a derecho".
Según ya confirmaron a Europa Press fuentes de la US, el equipo jurídico de la institución académica y los representantes de los vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.
Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar.
Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado vuelvan a su estado original como zona verde.