Artur Mas ha convocado con casi dos años de adelanto elecciones en Cataluña para el 25 de noviembre, con el fin de acelerar el proceso secesionista de una comunidad cuya riqueza se ha basado, aparte de en la capacidad emprendedora de sus habitantes, en la subordinación del resto de España a sus intereses. Los gobernantes catalanes tratan de culpar a España de su falta de dinero con el argumento de que su ‘exceso de solidaridad’ contribuye a mantener a comunidades ociosas como la andaluza, tal como en reiteradas ocasiones ha declarado Duran i Lleida.
Los Gobiernos de España no se han caracterizado históricamente por actuar en contra de los intereses catalanes. El proteccionismo decretado en favor de la industria textil, cuando hubiera sido más barata la importación de los paños ingleses, cimentó la primera acumulación de riqueza de Cataluña, a cuyas fábricas de hilaturas se garantizaba el monopolio del mercado nacional, obligado de facto a comprar los tejidos más caros ‘made in Catalonia’.
Más modernamente, no fueron las telas catalanas las que sostuvieron la economía española tras la Guerra Civil, la Mundial y el aislacionismo internacional contra el régimen franquista, sino la riqueza agrícola y en minerales estratégicos de Andalucía. El Gobierno dictatorial y centralista de Franco fue el que propició la implantación en Cataluña de la industria automovilística con la creación de la Seat y de la Zona Franca. El tejido de empresas auxiliares creado en torno a este gran polo industrial se pudo nutrir de la mano de obra barata andaluza, condenada a la emigración por falta de alternativa.
Los catalanes no quieren admitir que ya no son tan ricos como antes, aunque quizás aún no tan pobres como el resto de españoles. La ‘grandeur’ de la Generalitat, con sus ‘embajadas’ y su fastuosa TV3 entre otros, ha acabado dejando una deuda de 50.000 millones de euros calificada al borde del bono ‘basura’ y la necesidad de pedir al Gobierno un rescate de 5.023 millones para pagar las nóminas de sus funcionarios y de recurrir a la Caja Única de la Seguridad Social (1.200 millones) para que el resto de ‘insolidarios’ españoles ayuden a pagar la pensión de sus jubilados.
Aceptar esta realidad que hace añicos el mito del oasis de prosperidad y riqueza de Cataluña (821.000 parados) es imposible para los nacionalistas, que pese a su avanzado autogobierno necesitan políticamente responsabilizar de su situación a Madrid y echarse al monte de la independencia, a ver si con esta amenaza consiguen mayor financiación.
El Norte siempre culpa de todos sus males al Sur