La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está procediendo a recabar toda la información y documentación pertinente para analizar la situación de las 379 viviendas protegidas proyectadas por la sociedad limitada 'Residencial Entrenúcleos', perteneciente al grupo Asfi, en el municipio sevillano de Dos Hermanas, con el objetivo de iniciar un expediente sancionador "si fuera procedente".

   Según han informado fuentes del departamento de Elena Cortés a Europa Press, Fomento se encuentra manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, gobernado por el socialista Francisco Toscano, y con la Secretaría General de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, para recabar la información necesaria comenzar a realizar expedientes sancionadores si correspondiera.

   En este marco, cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número tres de Pamplona (Navarra) está recabando también documentación relacionada con la situación vivida en Dos Hermanas a cuenta del bloqueo de las 379 viviendas protegidas proyectadas por la sociedad limitada 'Residencial Entrenúcleos', perteneciente al grupo 'Asfi'. Esta instancia judicial, además, decretaba recientemente el ingreso en prisión provisional y sin fianza del director general de 'Asfi', Iñaki Gil San Sebastián, por un supuesto delito continuado de apropiación indebida.

   Estas 379 viviendas protegidas en régimen especial asociadas a la parcela BPO-6, en el sector de Entrenúcleos de Dos Hermanas, estaban pendientes de los problemas que sufre la promotora a la que le fueron adjudicadas estos suelos en cuestión. La promotora contaría con un crédito concedido para el desarrollo de estas viviendas protegidas, pero tiene dificultades para tener a su plena disposición este préstamo, toda vez que los ciudadanos interesados en estas viviendas habían entregado ya diversas cantidades a la compañía merced a los contratos de compra firmados para estas viviendas protegidas.

   Después de que este verano la empresa paralizase los trabajos de cimentación y construcción al no disponer del crédito acordado para materializar esta promoción de viviendas protegidas, muchos de los compradores han reclamado la resolución de los contratos y la devolución del dinero entregado, una situación que ha desembocado en la presentación de distintas denuncias, como la demanda conjunta llevada a cabo este martes por unos 40 afectados.
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