El comité de empresa del mercado central hispalense, Mercasevilla, espera celebrar el próximo 17 de enero una reunión con el sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidente de la compañía, el concejal popular Gregorio Serrano. Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa, ha informado a Europa Press de que la representación de la plantilla ha sido convocada a este encuentro, toda vez que este mismo lunes comienza el plazo de alegaciones a la modificación de reglamentos promovida por el Ayuntamiento para liberalizar los servicios de la lonja de pescado, extremo que pone en jaque casi la mitad de los puestos de empleo de la empresa.
El comité de empresa, además, ha sido convocado después de que la asamblea de trabajadores acordase recientemente aplazar una de sus convocatorias de huelga, una decisión paralela a un llamamiento al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), para que accediese a reunirse con la plantilla y atendiese sus reivindicaciones ante el nuevo expediente de regulación de empleo que se cierne sobre los trabajadores.
LA MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS
Y es que la liberalización de los servicios de la lonja de pescado implica un expediente de regulación de empleo que extinguiría aproximadamente la mitad de los puestos de empleo de la empresa. Los empresarios mayoristas de pescado se han ofrecido a contratar en la medida de lo posible a los empleados afectados, pero naturalmente en condiciones al margen del convenio colectivo de Mercasevilla. Este lunes, por cierto, comienza el plazo de alegaciones a la modificación de reglamentos promovida por el Gobierno municipal del PP para encajar la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado.
Contra esta medida, cabe recordarlo, los trabajadores están convocados el mismo lunes a las 10,00 horas, para celebrar una marcha desde las instalaciones de Mercasevilla hasta el propio Ayuntamiento, socio mayoritario de la empresa. La movilización sigue en pie pese a la reunión convocada para el jueves 17 de enero.
EXPEDIENTE EN LA COMISIÓN EUROPEA
La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
EL PRONUNCIAMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago"que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".
Para el comité de empresa, en ese sentido, la liberalización de los servicios de la lonja de pescado es simplemente una decisión "política" derivada de los compromisos adoptados por el PP con el gremio de mayoristas de pescado.