En el momento de redactar estas líneas, a Zoido le ha estallado la primera huelga en su mandato de una empresa municipal, en este caso la de la limpieza (Lipasam), cuya consecuencia más inmediata será la acumulación de 900 toneladas de basura en las calles de la ciudad. Y empleo la expresión clásica en periodismo de “en el momento de redactar estas líneas” porque no sería la primera vez en que tras una negociación de ultimísima hora se cerrara un acuerdo que pusiera fin al conflicto laboral, con su desconvocatoria ‘ipso facto’ tras las habituales concesiones del gobierno local a los sindicalistas.
Las huelgas en los servicios municipales, desde el transporte público de Tussam hasta la recogida de basuras de Lipasam, pasando por los bomberos, son todo un clásico en la ciudad, una poción amarga que han probado casi todos los alcaldes, fuera cual fuera su color político, a lo largo de la Democracia. El primero en sufrir una de Lipasam fue el socialista Manuel Del Valle, en pleno mes de agosto, hasta el punto de que la procesión de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes, discurrió con el decorado de fondo de las bolsas de basura apiladas en las aceras de las calles.
Otro conflicto sonado lo sufrió, siete años más tarde, el andalucista Rojas-Marcos. En aquella ocasión, la fecha estratégica elegida por los sindicatos de Lipasam fue la Feria de Abril, con la consiguiente estampa de la basura acumulada por las calles del Real y acabando con la imagen de ‘glamour’ de la fiesta primaveral sevillana. Rojas-Marcos, que no se dejaba amilanar por nadie, afrontó la bronca de los huelguistas frente a la caseta del Ayuntamiento, episodio que, aumentado, volvió a repetirse al año siguiente, esa vez con los bomberos rebelados contra el alcalde.
Una concesión tras otra
En estos 30 años de ayuntamientos democráticos, los sevillanos han sufrido en numerosas ocasiones los conflictos laborales en el seno de los servicios básicos, planteados por los sindicatos generalmente en las vísperas de fechas señaladas como Semana Santa, Feria, el día de la patrona o Navidad, con el fin de multiplicar el efecto de las huelgas y doblegarle el brazo al alcalde de turno, temeroso del daño que pudiera sufrir la economía local, basada en el turismo, y la imagen de Sevilla.
Fruto del poderío sindical, acrecentado por la toma como rehenes de los ciudadanos al controlar a su antojo servicios urbanos esenciales, y de la debilidad de los sucesivos gobiernos, las empresas municipales han conseguido históricamente unos convenios colectivos con unas tablas salariales y ventajas sociales sin parangón con sus homólogas del sector privado. Todos los alcaldes han hecho el firme propósito de acabar con estas situaciones de privilegio, pero todos, indefectiblemente, han acabado transigiendo con las demandas sindicales.
Zoido observó en su momento, al igual que todos los sevillanos, la elevada conflictividad en las empresas municipales que marcó la última etapa del gobierno de Monteseirín, cuando la Plaza Nueva se convirtió en pasarela de manifestaciones como las del pasado viernes, cuando con motivo del Pleno desfilaron frente al Ayuntamiento todos los colectivos enfrentados al gobierno del PP. Y el nuevo alcalde se propuso como objetivo vital en su mandato el de evitar este tipo de revueltas sindicales desde su germen, antes de que tomaran cuerpo en la calle, para marcar así las diferencias con su predecesor.
Los eventuales
Pero Zoido empezó igual que acabaron sus antecesores en el cargo: cediendo. Nada más ganar las elecciones, se dirigió a los eventuales de Tussam, que llevaban más de dos meses acampados en la Plaza Nueva en demanda de que la empresa municipal les hiciera un contrato, justo cuando por su situación de quiebra la dirección procuraba recortar gastos como fuera e incluso externalizar servicios a terceros, mucho más baratos.
El nuevo alcalde, en vez de rebajar la masa salarial en Tussam, la incrementó contratando a los eventuales acampados y camufló la operación justificando su aparente necesidad con una mejora del servicio mediante la ampliación del recorrido de once líneas y/o la creación de otras nuevas, política similar a la que acometió en su día Blas Ballesteros, con catastróficos resultados económicos por la falta de suficiente demanda.
Aquel gesto de Zoido, que mereció la alabanza del portavoz de los acampados, fue el inicio de su luna de miel con los sindicatos en las empresas municipales. En este sentido, Zoido proclamó: “Con el anterior equipo de gobierno, desgraciadamente en cada Pleno se levantaba la Junta de Personal o el comité de empresa; era una constante. A partir de ahora, los entes municipales empezarán a funcionar de otra forma, con respeto al cumplimiento de los acuerdos que se cierren con los comités de empresa”.
Tras la decisión de Zoido de contratar a los eventuales de Tussam, el Ayuntamiento tuvo que aprobar para el ejercicio de 2012 una aportación superior en 6,4 millones de euros, para gastos de personal, mientras que las líneas modificadas ganaron al final de 2011 unos 139.000 usuarios, lo que significó que cada nuevo viajero le costó al Consistorio 46 euros. Cuando a final de año volvieron las dificultades para pagar a tiempo las nóminas en Tussam (con una deuda entonces cercana a los 70 millones de euros), el sindicato CCOO denunció la gestión del alcalde, en estos términos: “El Ayuntamiento conocía los problemas de liquidez que se iban a plantear en octubre y, en vez de actuar con previsión, ha aprobado medidas populistas con un elevado coste económico sabiendo que no había dinero para pagar al personal. La ampliación de la red de líneas para contentar a los comerciantes y de la gratuidad a todos los pensionistas, así como la contratación de los compañeros de la bolsa (de trabajo), a pesar de que siempre hemos defendido la creación de empleo, ha sido una irresponsabilidad por parte de Zoido”.
El plan de ajuste
La diferencia entre Tussam y Lipasam es que en aquel entonces aún no regía el Plan de Ajuste suscrito por el gobierno local para pagar los atrasos a los proveedores merced a la financiación avalada por el Estado y que obliga al ayuntamiento a aplicar un recorte salarial del 5% y ampliar la jornada a 37,5 horas semanales; y que como con la crisis del ladrillo se ha frenado el crecimiento urbanístico de la ciudad, difícilmente se puede justificar un incremento del número de calles a barrer para adoptar medidas similares a las de Tussam. Aun así, la plantilla ha aumentado en un 1% por la contratación de eventuales para acometer las limpiezas de choque realizadas por el nuevo gobierno para mejorar el aspecto de la ciudad.
El Consistorio quiere ahorrar entre 3,5 y 4,5 millones de euros con medidas como no contratar más eventuales en épocas festivas, para que esa labor la haga la plantilla a costa de disfrutar de menos días libres, una pretensión que el comité rechaza, hasta el punto de convocar la huelga en defensa de la bolsa de trabajo de los eventuales, compuesta en buena parte, según fuentes de Lipasam, por familiares de los propios trabajadores. Dado el generoso convenio colectivo del que gozan los empleados de Lipasam, los cuales cobran hasta una paga extra de 1.400 euros sólo por no faltar al trabajo, el alcalde les ha pedido “solidaridad” con la ciudad y que hagan un esfuerzo, ya que el Ayuntamiento está “en la ruina”.
Rechazo sindical
Para los trabajadores de Lipasam, sin embargo, Zoido carece de autoridad moral para lanzarles el discurso de la “ruina” municipal, por razones como éstas:
-El pago de 600.000 euros a final de año a la Policía como paga extra de Navidad camuflada de productividades atrasadas pese al informe en contra de la Intervención Municipal.
-El establecimiento de un plus de 1,5 millones de euros para gratificar a los 233 empleados de la Agencia Tributaria.
-Los 20 millones de euros de excedente de tesorería colocados a plazo fijo en la banca.
-Los 450.000 euros que ha anunciado para organizar una muestra sobre los trajes que aparecen en las pinturas de Zurbarán.
-Sueldos de los gerentes municipales en el entorno de los 100.000 euros, pese a la prohibición de que superaran la retribución de los gobernantes con mayor responsabilidad.
Así pues, Zoido ha podido mantener la paz social en el Ayuntamiento durante menos de dos años, pero al final, por unas razones o por otras y atrapado entre las promesas que hizo cuando estaba en la oposición y la realidad que le impone la crisis económica y las políticas de ajuste, la plantilla -y ya no sólo Lipasam- se le ha rebelado y el último Pleno empezó y acabó de la misma manera en que él denunciaba le ocurría a Monteseirín, con empleados contestatarios desalojados por la Policía y la Plaza Nueva convertida en un carnaval de protestas.
Es el final de la luna de miel sindical de Zoido, que ahora se ve en el mismo dilema de sus antecesores ante la huelga: ceder o no ceder, ésa es la cuestión.
