El pasado jueves, durante el cuarto día de la huelga del servicio de recogida de basuras en Sevilla porque los trabajadores de Lipasam rechazan la forma de aplicación de las 37,5 horas de trabajo semanales y el recorte salarial del 5% pactados por el comité de empresa con el Ayuntamiento el 2 de abril de 2012, la patronal de las grandes superficies comerciales (El Corte Inglés, Ikea, Carrefour....) y las centrales sindicales del sector llegaron a un acuerdo sobre su nuevo convenio colectivo, que habría sido impensable en otras circunstancias que las que ha impuesto la gravísima crisis socioeconómica que sufre España.
Los 230.000 empleados del sector han aceptado trabajar 26 horas más al año por el mismo sueldo, ya que las tablas salariales quedan congeladas hasta el año 2016, por lo que en la práctica esto supone una rebaja en las retribuciones del 1,4%, que podría ser mayor aún en función de cómo evolucione la inflación.
Todos los trabajadores sin excepción, incluidos los más antiguos y que hasta ahora se habían librado, quedan obligados a trabajar durante los festivos. En lugar de abonarlos, las empresas pagarán un complemento de entre 350 y 500 euros para los empleados que durante 2012 hayan trabajado los suficientes festivos como para haber cobrado 350 euros por su tarea, una condición que supondrá que la gran mayoría se quede sin compensación económica alguna porque no la han cumplido.
Cinco años de recesión
Rebaja salarial, trabajo en días festivos.... el paralelismo con los puntos en discusión en Lipasam es evidente, y si este convenio en el sector de las grandes superficies incluye tales sacrificios por parte de los trabajadores es, obviamente, como consecuencia de los cinco años de recesión que sufre nuestra economía y que ha dejado a seis millones de personas sin empleo. Por tanto, el objetivo prioritario de los sindicatos en la negociación era salvar los puestos de trabajo en una situación en que la patronal Anged podía poner encima de la mesa el dato de la caída del consumo de un 10% desde el estallido de la crisis.
En este contexto, donde no hay día sin malas noticias en el ámbito laboral, y en el que lo mismo se cierran paradores de turismo que fábricas señeras como las de Roca y Cargill que se anuncian despidos de hasta la cuarta parte de la plantilla de Vodafone o de 4.000 trabajadores de Iberia, sin contar los 15.000 acumulados en los medios de comunicación, se desarrolla el conflicto entre el Ayuntamiento y los operarios de Lipasam. Hasta la fecha éstos no han sufrido ninguna merma en sus condiciones de trabajo ni en sus emolumentos, porque en 2012 los efectos teóricos de los recortes se “diluyeron” en los gastos generales de la empresa municipal, de forma que no se tocaron las nóminas.
Por tanto, puede decirse que en la aplicación del Plan de Ajuste en el seno del Ayuntamiento y de las empresas municipales, Lipasam ha sido la excepción, una especie de oasis ajeno a la crisis general, hasta que el Consistorio ya no ha podido “diluir” más en los gastos generales y trató de tocar los salarios y la jornada laboral con la entrada del nuevo año 2013, para conseguir un ahorro de al menos 3,3 millones de euros. La clave esencial de este ahorro de costes en la masa salarial pasa, a juicio del gobierno local, por suprimir la contratación de los eventuales -se firman unos 1.200 contratos de este tipo habitualmente- incluidos en una Bolsa de Trabajo de la empresa y que hasta ahora realizaban los servicios de limpieza en Semana Santa, Feria y Navidad, y que esas tareas las asuma la plantilla con cargo a la ampliación del horario a 37,5 horas semanales.
Bolsa de eventuales y costes
Se da la circunstancia de que gran parte de la Bolsa de Trabajo de eventuales está formada por hijos y otros familiares de los empleados, de ahí la defensa numantina que éstos hacen del mantenimiento del empleo temporal. En resumen, la plantilla pretende prolongar la jornada habitual en vez de acumular las horas para trabajar en festivos y que sigan siendo los eventuales quienes los suplan en esas fechas señaladas, mientras que el Consistorio esgrime que si tiene que seguir pagando 1.250 contratos eventuales anualmente no logrará rebajar la masa salarial en los 3,3 millones que se ha fijado como objetivo.
En la época de las ‘vacas gordas’, la opinión pública fue condescendiente con las concesiones económicas y las ventajas sociales que otorgó Monteseirín a las empresas municipales, pese a su situación de quiebra técnica, cada vez que los sindicatos amenazaban con ponerse en huelga en las vísperas de Semana Santa o la Feria, pero esta vez, con una crisis económica pavorosa que ha llevado al paro a 88.000 sevillanos en la capital y a más de 300.000 en la provincia; con recortes hasta en los servicios sociales básicos y con un Ayuntamiento que se ha encontrado con más de 600 millones de euros de deuda y que sólo puede incrementar los ingresos para pagarla inventándose nuevas tasas y tributos, el gobierno de Zoido no se siente presionado para ceder ante las pretensiones de los huelguistas, ni se detecta que los sevillanos sean comprensivos o solidarios con éstos. Más bien al contrario. Los tiempos han cambiado.
Y máxime cuando con motivo de la huelga se ha puesto la lupa sobre el coste real de Lipasam para la ciudad, un servicio de recogida de basuras que, proporcionalmente y para las ciudades del tamaño de Sevilla, es el segundo más caro de España. Los sindicatos de Lipasam difícilmente pueden justificar por qué, con la que está cayendo, en la empresa municipal hay que pagar un plus de 1.400 euros por cabeza no por trabajar, si no por no faltar al trabajo, para así frenar un absentismo laboral que rayó en el 10%.
Asimismo, por más que contrapongan los 721 euros/mes de salario mensual de un peón a los 100.000 (unos 93.000 realmente tras el recorte) del gerente, omiten que con los 18 pluses de todo tipo existentes más la antigüedad aquéllos pueden triplicar su retribución, de forma que el sueldo medio de 30.000 euros en la compañía divulgado por el Ayuntamiento triplica también el salario de uno de cada tres españoles y supera los ingresos anuales del 83% de los contribuyentes.
Además, el alcalde hasta podría argumentar que en una ciudad con 88.000 parados ha incrementado en un 1% la plantilla de Lipasam y que ha creado empleo en la empresa, pese a que el Plan de Ajuste y las disposiciones del Gobierno central le han impuesto una tasa cero de reposición en el Ayuntamiento.
Errores de cálculo
Por todas estas razones, es harto improbable que, al menos de momento, la opinión pública comulgue con los huelguistas y eleve su presión sobre Zoido para que ceda ante aquéllos, de ahí que el alcalde se haya mantenido firme en su posición durante esta primera semana de huelga -de hecho, la más larga ya en su género- y los sindicatos muestren su extrañeza por que, al contrario que en anteriores conflictos, nadie ha descolgado el teléfono al otro lado y el gobierno ha dejado seguir los acontecimientos.
Los huelguistas han cometido otro error de cálculo en la fecha elegida para echarle un pulso al alcalde: en plena ‘cuesta’ de enero y con las familias sevillanas aún más agobiadas económicamente a la hora de comparar su situación con la de la empresa municipal, sin ninguna fiesta estratégica cercana a la vista (no estamos en vísperas de Semana Santa ni de la Feria de Abril), en temporada baja para el sector turístico y hasta con un frío invernal que ralentiza la descomposición de los residuos acumulados en las calles.
No hay interlocución entre las partes en conflicto, y en vez de declaraciones conciliadoras en busca de una aproximación y de una solución negociada, las posturas se radicalizan a cada día que pasa. El presidente del comité de empresa, Antonio Bazo, ha declarado que la huelga se ha convertido en “una guerra política de a ver quién tiene los machos más grandes”. Y ha añadido que los tres sindicatos que forman el comité de huelga son una piña y que los trabajadores tienen fuerzas para continuar: “No nos vamos a morir de hambre -ha aseverado- por no cobrar el sueldo de un mes”.
Mediación necesaria
En esta tesitura podemos entrar en una dinámica de a ver quién aguanta más, en la que tomar la iniciativa para sentarse a negociar se interprete como una señal de debilidad o de rendición ante las bases sociales o electorales de cada uno y la opinión pública.
La mayor responsabilidad en este sentido corresponde al gobierno local, que es quien debe tomar la iniciativa y que proclama su voluntad de negociar durante 24 horas seguidas si es preciso pero que simultáneamente trata de responsabilizar a los huelguistas de la quema y/o desplazamiento de contenedores -un clásico en el vandalismo en nuestra ciudad, que destroza mobiliario urbano sin necesidad de una huelga en Lipasam- sin pruebas fehacientes hasta ahora, aunque es sabido que siempre hay elementos incontrolados en cualquier conflicto por más que el comité de empresa condene este tipo de acciones y haga llamamientos a la calma, pero así el Consistorio tiene la excusa para no sentarse con los sindicalistas, minar su capacidad de resistencia y suscitar su desprestigio ante los ciudadanos.
En esta cerrazón se impone la necesidad de un mediador entre las dos partes en conflicto, alguien para quien levantar el teléfono no signifique un gesto de debilidad porque carezca de intereses en juego. Y aquí cabe recordar que en la Universidad Pablo de Olavide radica la Escuela Sevillana de Mediación y que su director es el único miembro español del Foro Mundial de Mediación. Qué mejor que una institución neutral como la Universidad para tender puentes y, mediante la recuperación del diálogo, propiciar el fin de una huelga cuyas víctimas finales son los sevillanos y Sevilla.
