Un informe de la Guardia Civil incluido en el procedimiento por las irregularidades detectadas en la venta de los suelos de Mercasevilla y que instruye el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla constata la existencia de “demostradas vinculaciones entre la mayoría de las empresas que concursaron al derecho de opción de compra” de los terrenos que finalmente fueron adjudicados a Sanma.
Según el escrito, al que ha tenido acceso Viva y que incluye la declaración como testigo del actual director de Mercasevilla, Manuel Blanco, las relaciones entre estas empresas son “vinculaciones de tipo societario a través de sus órganos sociales o mediante terceras personas físicas o jurídicas y/o profesionales que han mantenido y en algunos casos mantienen algunas de las entidades objeto de investigación”.
Entre las empresas citadas se encuentra la propia Sanma, adjudicataria final, Landscape Espais Promocions, Noga, Prasa, Realia, Azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan de Robles, propiedad esta última de los familiares de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Además, el informe diferencia en tres diferentes “nexos de unión o vínculo”, de forma que incluye en un primer grupo a las vinculaciones mercantiles entre Sando, Realia y Azucarera Larios (a través de Desarrollo Urbanístico de Sevilla Este SL); las relaciones entre cargos societarios entre Espais y Noga, y Landscape y Espais; y otras relaciones no societarias de Prasa (desarrollo de UTE’s con Edamar y con Realia) y Construcciones Juan de Robles (compraventa de una finca con Sanma e iniciativa urbanística en Valdemoro -Madrid- con Realia).
El Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil incluso incluye un resumen explicativo de las relaciones societarias de las ocho empresas que optaron al concurso considerado como “adjudicación fraudulenta” por la jueza Mercedes Alaya, y en el que se aclara muy gráficamente sus hipótesis.
Además, la Guardia Civil constata que su informe ha contado con la aportación de los datos del Registro Mercantil Central, del Consejo General del Notariado y de la base de datos de Axesor, además de la documentación que aportó el actual director de Mercasevilla, Manuel Blanco, en su declaración policial en Madrid el pasado 13 de julio de 2012.
Blanco y su abogada
Blanco aportó numerosos correos electrónicos y documentación pertenecientes a varios de los imputados -como el exdirector general de Mercasevilla, Fernando Mellet; el economista José Antonio Ripollés, o el que fuera vicesecretario del consejo de administración Jorge Piñero-, documentación de bufetes de abogados sobre el concurso, algunas escrituras, el borrador de las bases del protocolo de intenciones del concurso y un CD con archivos informáticos procedentes del ordenador de la Secretaría de Dirección.
El director de Mercasevilla acudió, aun habiendo sido llamado a declarar sólo en calidad de testigo, acompañado por la abogada Lourdes Fuster Martínez, una de las letradas que representa en esta misma causa al PP, que ejerce la acusación popular al igual que el PSOE, el PA y la asociación de Mayoristas de Asentadores de Frutas y Verduras, mientras que como acusación particular y responsable civil está personada la propia Mercasevilla, sociedad que tiene también en la actualidad como asesora jurídica a la propia Fuster.
Esta rama es la segunda de las iniciadas por la jueza Mercedes Alaya por irregularidades en Mercasevilla y que derivó en cinco procesos judiciales en total, algunos de ellos en fase de diligencias.
En este sumario se investigan las irregularidades en el concurso de adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla a la inmobiliaria Sanma y acumula ya 17 imputados entre técnicos municipales, empresarios y el anterior primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en la actualidad portavoz municipal de su grupo, además de los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, y el exconcejal y expresidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo.
En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Efe, la juez sustituta Ana Rosa Curra requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que presente otros informes que haya concluido.
