El portavoz de IU-CA en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, ha calificado este miércoles directamente como un "escándalo" el conflicto desencadenado a cuenta de las viviendas públicas de Sevilla Este habitadas por unas familias amenazadas ahora de desalojo al no reconocer el Consistorio a tales familias como adjudicatarias legales de los inmuebles. Torrijos considera que el caso podría derivar de "una presunta utilización irregular de los medios de Emvisesa", pero, de cualquier modo, reclama al Consistorio que no "criminalice a las víctimas" del conflicto, en referencia a las familias.
Como es sabido, al menos nueve familias que habitan viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) de las calles Profesor Manuel Clavero, Periodista Eduardo Chinarro Díaz y Andrés Martínez de León, en Sevilla Este, estarían siendo objeto de posibles "desalojos" a manos de la citada sociedad municipal. Y es que Emvisesa no reconoce a estas familias como adjudicatarias legales de las viviendas en cuestión.
Emvisesa, en efecto, avisa de un posible caso de "ocupación de viviendas" puesto en manos de la Policía Nacional y defiende que estas personas no son los adjudicatarios legales de las viviendas. Las familias, por su parte, aseguran que accedieron a las viviendas precisamente a través de Emvisesa y que ingresan mensualmente dinero a esta sociedad municipal en concepto de renta. Las familias aseguran que una persona, en nombre de Emvisesa y dada su inscripción en el registro de demandantes de vivienda, les entregó las llaves de los pisos, los mandos de los garajes, las cédulas de habitabilidad para contratar agua y luz y un número de cuenta de Emvisesa en el que ingresar las rentas.
Rodrigo Torrijos, en rueda de prensa, ha tachado directamente de "escándalo" el asunto y ha opinado que cabe sospechar de "una presunta utilización irregular de los medios de Emvisesa", por lo que ha reclamado al Gobierno municipal del PP que acepte su propuesta de crear una comisión especial informativa, o de investigación, en el seno de Emvisesa. "Hay muchas cosas que aclarar en este asunto. Huele muy mal", dice Rodrigo Torrijos.
El portavoz municipal de IU-CA, en ese sentido, ha reclamado que el Gobierno municipal no "criminalice a las víctimas", en referencia a las familias, porque de confirmarse un caso de "estafa", habrían sido estafadas tanto la propia sociedad municipal Emvisesa, como las propias familias. "Que no sean las víctimas las que paguen el pato", ha dicho para reclamar que las familias en cuestión no se vean sin un techo bajo el que cobijarse.
Así, ha lamentado las acusaciones del concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), manifestando Torrijos que si estas familias cambiaron las cerraduras de las viviendas en cuestión, no fue al acceder a ellas, sino "ante la presión policial y de Emvisesa", extremo derivado del descubrimiento de las anomalías. "Las familias siguen abonando sus mensualidades y nadie les ha devuelto ningún dinero", ha enfatizado también.