Las continuas modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) auspiciadas desde el Ayuntamiento de Sevilla y la negativa de la Junta de Andalucía a aprobar muchas de ellas (Ikea, Gavidia, aparcamiento en la Alameda) por ser contrarios al propio espíritu del PGOU de 2006, han llevado al delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, a plantear la necesidad de crear un “comité técnico” que actualice un plan cuyo modelo alternativo ni siquiera han planteado. La oposición ha saltado en bloque rechazando la idea, unos pidiendo la paralización de las medidas ya iniciadas (PSOE) y otros (IU) por negarse a revivir la “cultura del pelotazo”, coincidiendo ambos en que el vigente planeamiento “no está agotado”.
Asegura Maximiliano Vílchez que ese comité técnico actualizaría el PGOU de 2006 en “aquellos aspectos que puedan ser generadores de empleo y de renovación de la ciudad”, elementos que vincula directamente con la crisis económica, el paro que castiga a la ciudad y con los continuos “bloqueos” que realizan las distintas consejerías de la Junta andaluza cuando quieren aprobar proyectos que generarían empleo y riqueza.
Los conflictos se sitúan en el cambio de uso de la comisaría de La Gavidia (de interés público a comercial), en la introducción de aparcamientos en la Alameda (intramuros, lo que no permite el PGOU) y en las vías pecuarias que afectan a los terrenos donde quieren instalar Ikea (que deben desafectarse según la Ley).
Bloqueados estos proyectos por distintos motivos y departamentos, el Ayuntamiento defiende que el PGOU actual presenta “evidentes desajustes y limitaciones en sus planteamientos” tras siete años de vigencia que “aconsejan la necesidad de una actualización del texto”, por lo que propone un comité técnico que las analiza pero no adelanta modelo de ciudad alguna al que llegar.
Vílchez sí que reconoce que su dictamen tendrá que ser debatido en la “comisión de seguimiento” del PGOU, órgano legal establecido para abordar esas posibles modificaciones y donde emplaza a la oposición a “hacer las aportaciones que considere oportunas”. Y aprovecha para recordar, especialmente a los socialistas, las últimas sentencias del Supremo que tumbaban las modificaciones que hicieron posible las Setas de la Encarnación, y el caso de la Biblioteca del Prado.
La oposición
La reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Tanto PSOE como IU defienden la vigencia del PGOU de 2006 y aseguran que no es el planeamiento ni la Junta la que tiene paralizada Sevilla, sino la falta de iniciativa política del gobierno de Juan Ignacio Zoido. IU va más allá y recuerda que es la comisión de seguimiento del PGOU la que debería debatir esas actualizaciones que plantea el PP.
Desde el PSOE, y a través de un comunicado, han pedido directamente la paralización de esas modificaciones -Gavidia, Alameda- y cambios “sin el suficiente rigor urbanístico y jurídico” hasta que existan informes técnicos que los avalen.
“Es falso que el PGOU esté agotado”, apuntaba el socialista Antonio Muñoz, que señala que el Gobierno del PP “está destrozando poco a poco el PGOU, sin rigor y sin garantías jurídicas, respondiendo a una gestión descontrolada y a impulsos del urbanismo”. Recuerda que llevan tiempo diciendo que Zoido “había empezado la casa por el tejado”, cuando en lugar de crear una comisión que analice las modificaciones que plantea, se debería haber afrontado “un debate riguroso y sereno sobre el PGOU”.
Para el PSOE, el problema es que “hacen falta ideas para desarrollar un modelo urbanístico que fue consensuado y elaborado con rigor en vez de tantos intentos para justificar la incapacidad de gestión”, aunque Vílchez asegura que no hubo tal consenso y que “al PP nunca se le dio oportunidad de participar”.
Los socialistas no se niegan a debatir “determinadas mejoras del PGOU siempre que se justifique y se responda a los intereses generales y esté acorde con el modelo de ciudad”, lo que tienen claro que no ocurre ni con el aparcamiento de la Alameda ni con la comisaría de la Gavidia.
Similar postura ha adoptado el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que considera que si hay que debatir, quien lo tiene que hacer es la comisión de seguimiento del PGOU, “que ya está establecida, consensuada y que sí defiende los intereses de los sevillanos”, y no un comité “fuera de las fronteras públicas”, que tendrá intereses “legítimos pero contrarios a los intereses de la ciudad”.
Torrijos asegura que el interés del PP es recuperar “un modelo cuya centralidad sea el negocio y no el interés general, y para ello no renuncian siquiera a situar a los parados como rehenes de la iniciativa”, ya que no es el PGOU el que impide generar empleo “sino las políticas económicas y la inacción del Gobierno de Zoido.
IU tiene claro que si salen adelante las modificaciones polémicas “el modelo de ciudad cambiará y situará al coche en el centro de la movilidad, de manera que acabará con la movilidad sostenible y además permitirá recuperar la cultura del pelotazo”. Pone de ejemplo la Gavidia, cuya calificación hace incompatible el proyecto que quiere Zoido y que Torrijos sospecha que “tendrá comprometido ya con alguien” y a quien vincula a la imposición del aparcamiento en la Alameda, que asegura colmataría el tráfico del centro histórico”.
“El PGOU que tenemos es avanzado y progresista, es un referente de urbanismo para las grandes urbes y nos negamos a recuperar uno que nos lleve de nuevo a lo que fue el origen de la burbuja especulativa y, por tanto, el origen de la crisis económica que estamos atravesando”, insistía Torrijos en declaraciones a Europa Press.