El colectivo de adjudicatarios de las 538 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha decidido ampliar a la Junta de Andalucía la demanda promovida por la vía civil, al objeto reclamar más de 1,1 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la no entrega de las viviendas. Los afectados, que entregaron entre 18.000 y 21.000 euros por cabeza o familia para estas viviendas protegidas aún por entregar, mantienen además una querella por la vía penal contra la dirección de la propia Fundación.
José Verdugo, el abogado que representa a la plataforma constituida por más de 220 de los afectados, ha informado a Europa Press de que sigue adelante, en los juzgados de Primera Instancia, la demanda "por daños y perjuicios" formulada por el colectivo de vecinos contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa y contra la propia CEA. A ambas partes, como ha explicado, se les reclama más de 1,1 millón de euros en concepto de "daños y perjuicios" por el claro incumplimiento en cuanto a la entrega de las viviendas para las cuales los demandantes adelantaron el dinero señalado.
AHORA CONTRA LA JUNTA
Ahora, y según informa el abogado, "vamos a ampliar esta demanda contra la Junta". Y es que, según ha explicado, "hay una supuesta negligencia de la Junta en sus tareas inspectoras". En ese sentido, José Verdugo ha aludido no sólo al notorio conflicto, sino a las repetidas denuncias del colectivo de afectados sobre lo que estaba sucediendo. De otro lado, ha recordado que sigue también adelante, por la vía Penal, la "querella" formulada por los afectados contra la dirección de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa.
Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora 'Dolmen Consulting Inmobiliario', inicialmente contratada para la edificación de los bloque, motivó que esta labor recayese en la empresa 'Nazarí'.
EL 'BANCO MALO'
En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, están "inmovilizadas como activo tóxico" por la Sareb y siguen sin ser acabadas.